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Ginnette Bournigal, senadora por la provincia de Puerto Plata, se refirió nuevamente a la desaparición de la niña Brianna Genao, asegurando que se trata de un caso que debe investigarse dentro del entorno familiar y manejarse con absoluta discreción.
“Yo dije que es un asunto que está en la familia no en el padre ni la madre, en la familia. Ahí es que está el problema”, declaró.
Bournigal explicó que el tema debe indagarse dentro de ese núcleo, tomando en cuenta las diferencias existentes entre los familiares de la niña tanto del lado materno como paterno. “Es una trifulca que hay porque la mamá se fue, dejó al papá. El papá se fue, volvió; un lío entre ellos”, sostuvo.
Valoró además que desde el Ministerio Público el proceso se haya tratado con tacto y prudencia, al considerar que la difusión de conjeturas generó una alarma innecesaria en la población.
“Lo que hicieron fue asustar a toda la comunidad, asustar al país con tantas conjeturas, sobre todo a los niños que no querían ni ir a la escuela”, expresó.
En ese sentido, exhortó a no prestarle atención a publicaciones difundidas en redes sociales por parte de los familiares de la menor. “No se lleve mucho de eso que eso es un lío de ellos internamente”, indicó.
La funcionaria pidió además a la ciudadanía permitir que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes sin presiones externas.
“Dejen que la justicia investigue y que lo hagan con discreción porque con la preocupación que se armó por el caso, todo el mundo quiso intervenir y decir algo, aparecieron abogados de Santiago que ya eran abogados de la familia, luego dijeron que no, un montón de gente que acusaron a la comunidad que pudo haber hablado”, explicó.
Finalmente, reiteró la importancia de respetar el debido proceso, señalando que las autoridades continúan con las indagatorias de manera permanente.
“Esto es un caso tan delicado que hay que dejar que las autoridades lo manejen con suma discreción, que conozcan las interioridades de la familia. Hay que dejar que las autoridades sigan investigando; que lo están haciendo permanentemente”, concluyó.
Fuente: Hensy MartínezPuerto Plata, RD. https://listindiario.com/
]]>Dejaron 93 niños, niñas y adolescentes huérfanos
Casi el 19 % de los responsables fueron policías y militares
Los 59 feminicidios perpetrados por parejas o exparejas en la República Dominicana durante el año 2025, representan una disminución de un 17 % en las estadísticas con relación a los 71 casos del año 2024.
No obstante, esto no debe interpretarse como que se encontró una solución, debido a que hubo múltiples intentos que no se consumaron y, en lo que va de 2026, ya se reportan cuatro feminicidios, según explicó Yanira Fondeur, presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, que lleva un registro de estos crímenes.
Un dato a destacar es que once de los casos tuvieron como agresores a miembros activos o retirados del Ejército y la Policía Nacional, el 18.6 % del total.
Los 59 feminicidios dejaron al menos 93 niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad, según señala la fundación.
«Entendemos que urge seguir capacitando en materia de género a este segmento poblacional, pero que también, aparte de que les retiren las armas, deben recibir una evaluación psicológica obligatoria y periódica porque es importante que entiendan que su arma de reglamento no puede constituir un símbolo de autoprotección para arrebatarle la vida a sus compañeras», dijo Fondeur.
De acuerdo con los registros propios que recopila la entidad, muchos de estos menores, hijos de las mujeres asesinadas, fueron testigos presenciales de los crímenes, lo que agrava el impacto psicológico y social de estas tragedias, evidenciando la necesidad de protección integral por parte del Estado para este segmento tan vulnerable.
Fuente: https://www.diariolibre.com/
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Pero pronto la realidad cambió. En cuestión de meses comenzaron a llegar montos de RD$20,000 y hasta RD$30,000 mensuales, tanto en su casa como en un pequeño negocio que había improvisado en su barrio. Hoy su deuda acumulada supera los RD$150,000.
La denunciante relata que acudió a PROTECOM en busca de ayuda, pero allí le dijeron que solo podían aceptar la reclamación si pagaba. “¿De dónde voy a sacar ese dinero para que acepten una reclamación?”, se preguntaba. Al no poder pagar, EDEESTE le cortó la electricidad.
Desesperada, tuvo que recurrir a una conexión ilegal. Pero ni eso le devolvió la tranquilidad. Técnicos comenzaron a ofrecerle “macuteo” a cambio de no dejarla a oscuras. “Hasta RD$5,000 o RD$10,000 me pedían. Era una burla con el pueblo”, cuenta.
En una ocasión, un supervisor que parecía dispuesto a ayudar la acompañó hasta la oficina de jefes de EDEESTE y logró que le rebajaran una parte de la deuda. Ese día terminó pagando RD$24,000 por la casa, con la esperanza de resolver también el negocio. Pero la paz duró lo que dura una factura en cero: nada.
Pocos días después le llegó otra factura de RD$22,000 y el ciclo se repitió. Al revisar el caso, aparecieron incongruencias: documentos con deudas distintas, facturas con signo negativo que luego se convertían en nuevos montos a pagar y hasta dos recibos diferentes por el mismo consumo. A pesar de mantener una conexión ilegal, EDEESTE seguía generando facturas.
“Me siento acorralada”, dice. “No pude reclamar porque me pedían dinero. Y aunque no tenga luz legal, las facturas siguen llegando”. Su testimonio muestra lo que muchos usuarios denuncian: no solo fallas en el sistema, sino un esquema paralelo donde el macuteo decide si un hogar queda a oscuras.
]]>Santo Domingo. – Nueve meses han pasado desde que Ángel de Jesús Figari, de apenas cinco meses, murió mientras estaba bajo el cuidado de la Guardería Bautista Cristocéntrica, en Santo Domingo Norte. Para sus padres, Yohanna Figari y Rodolfo de Jesús Pilar, la tragedia sigue viva, pero ahora se suma la indignación por la decisión de la justicia.
El 23 de enero de 2025, Yohanna recibió una llamada informando que Ángel se había puesto malo. Fue trasladado al hospital Dr. Ángel Contreras, donde fue declarado muerto. Desde ese momento, el dolor se mezcló con la búsqueda de respuestas sobre lo que consideran un caso de negligencia grave.

“La pérdida de un hijo no tiene palabra, ha sido algo muy fuerte. Ningún padre lleva a un hijo a una guardería para luego recibirlo muerto”, expresó Yohanna Figari.
“Esto ha sido un acoso terrible, fue algo que no se esperaba. Solo hay que darle gracias a Dios por todo y por darnos la fuerza”, dijo Rodolfo de Jesús Pilar, padre del bebé.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por broncoaspiración, con anoxia cerebral por edema cerebral y pulmonar, clasificando el deceso como violento.
El Ministerio Público, en su expediente, detalla que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) visitó la guardería y documentó que el niño presentaba molestias nasales frecuentes. El día del incidente, el menor fue colocado en su corral mientras la cuidadora asistía a otra compañera en la cocina, dejando al bebé sin la supervisión que el protocolo exigía.
“Si la autopsia arrojó que el niño tenía dos horas de muerto, ellos dicen que lo vigilan cada cinco minutos. La cuidadora declaró que lo dejó solo para ayudar a una compañera, así que hubo bastante negligencia”, afirmó Yohanna Figari.
Además, se constató que la cuidadora Mayerlin Prenza Berroa no cuenta con formación académica certificada para trabajar con niños, basando su experiencia únicamente en práctica y capacitaciones básicas del Ministerio de Educación.
El levantamiento en la escena confirmó que la cama y el corral del niño estaban limpios, sin rastros de vómito u otras secreciones, mientras que en las vías respiratorias del bebé se encontraron residuos blanquecinos.
Tras los hechos, el Ministerio Público solicitó al tribunal la variación de la medida de coerción, pidiendo tres meses de prisión preventiva, luego de descubrir que los acusados habían trasladado la guardería sin notificar a las autoridades.
Sin embargo, el Tribunal de Monte Plata no aceptó la solicitud, manteniendo la medida original:
• Garantía económica de RD$100,000 a cada imputado.
• Presentación periódica ante el tribunal.
• Orden de alejamiento de la familia del menor.
Para los padres, esta decisión refleja una falta de contundencia en la justicia frente a un hecho que consideran de extrema gravedad.
“Nosotros no queremos venganza, queremos justicia. Si las autoridades no actúan, otros niños seguirán muriendo y no pasará nada”, declaró Yohanna Figari.
“¿Qué va a hacer la justicia dominicana en este proceso? Porque esto fue simplemente un descuido”, señaló Rodolfo de Jesús Pilar.

En enero de 2025, las cámaras de Bajo El Foco mostraron cómo Yohanna conserva las pertenencias de Ángel, aferrándose a su cobijita, su biberón y sus juguetes. Cada objeto es un pequeño refugio de su hijo, un vínculo con lo que ya no está pero que sigue presente en su memoria y en su vida diaria.
“Yo me hubiese soñado eso y yo dejo todo, yo soy una madre demasiado responsable”, dijo Yohanna, en ese momento que el programa de investigación la visitó.
El caso de Ángel Figari deja una lección dolorosa: la seguridad y cuidado de los niños debe ser prioridad absoluta, y la negligencia, incluso cuando no es intencional, tiene consecuencias irreversibles. La justicia, la supervisión y la responsabilidad de quienes cuidan a los más pequeños no pueden ser negociables. Mientras no se tomen medidas efectivas, la sociedad entera sigue siendo vulnerable, y cada niño merece crecer en un entorno seguro donde la vida sea respetada y protegida.
]]>Este martes concluyó en la clínica Cruz Jiminián, ubicada en el capitalino sector Cristo Rey, la entrega de cientos de sillas de diferentes tamaños, incluso para niños que nacieron con deformaciones y padecen dificultades físico motoras.
En el emotivo acto, el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, presidente de la fundación que lleva su nombre, manifestó su regocijo por la gran cantidad de personas que han podido obtener, sin costo alguno, una de estas sillas, que son de las más alta calidad y que serán de utilidad por muchos años para ellos.
De su lado, el señor Steve Beinke, presidente de Behring Global Educational Foundation y Wheelchair Foundation, radicada en Estados Unidos, expresó que realizan esta obra porque como organización su meta es llevar un cambio de vida y un mejor futuro a tantas personas que se les dificulta la movilidad, ya sea por condiciones físicas de nacimiento, o por eventualidades que les hayan pasado, y que la organización lleva más de 25 años llevando estas sillas de rueda a los que más las necesitan en unos 156 países.
En tanto, el exjugador de Grandes Ligas, Nelson Cruz, presidente de la Fundación Boomstick23, en su natal Montecristi, donde el pasado domingo fue realizada una emotiva entrega de estas sillas a residentes de los distintos municipios de esa provincia fronteriza, agradeció con profundo afecto el respaldo de Wheelchair Foundation, “porque organismos como este son los que más se necesitan, porque realizan una labor encomiable y desinteresada en beneficio de los menos pudientes.
Mientras, las palabras de agradecimiento en nombre de los beneficiados estuvieron a cargo del veterano periodista Ramón Corielle.
La jornada de este martes es la conclusión de un largo recorrido desde la semana pasada de los directivos y representantes, todo el equipo de trabajo de Wheelchair Foundation y la Fundación Cruz Jiminián por varias provincias del país, como Bahoruco, Independencia, Barahona y Montecristi, llevando sillas donadas por estas organizaciones y con el respaldo de otras fundaciones en esas zonas.
En el acto, en el que participaron autoridades nacionales e invitados especiales, estuvo presente una representación de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, entre ellos los jugadores activos y exjugadores del béisbol profesional como Emilio Bonifacio, Miguel Batista, Anderson Hernández, Rhadamés Liz, entre otros, quienes aprovecharon la ocasión y entregaron algunos presentes educativos a los niños.
Conformaron la mesa directiva en este cierre de jornada el licenciado Alexis Alcántara, director ejecutivo del Consejo Nacional para la Discapacidad (Conadis); la señora Álida Camacho de Cruz, y los invitados especiales Rolfi Rojas, titular de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, y el empresario Ramón Álvarez.
Los representantes internacionales de la Wheelchair Foundation, Scott Ford, presidente Región Sur Este de EE.UU.; Damiano Coraci y Bart Hernández, donantes y voluntarios; Dave Valle, fundador de Esperanza internacional y Socio de Wheelchair Foundation; José Rosario, director de Relaciones Públicas Internacional, y Karla Granados, directora de Relaciones y Vinculación Comunitaria de la organización sin fines de lucro.
Al final del evento, el doctor Cruz Jiminián resaltó la labor del equipo de trabajo de ambas fundaciones, para que con la organizada logística fueran posible estas entregas a nivel nacional, entre ellos de la FCJ Ada Guzmán, encargada de Relaciones Públicas y Donaciones; la licenciada Charina Cruz; Jennifer Rondón, Gabriel Matos, Inocencia Sánchez, Arlenis Ciprián e Iván Féliz, entre otros.
]]>La jornada tuvo como propósito mejorar las condiciones ambientales y de seguridad del entorno del centro educativo, donde diariamente acuden decenas de niños y niñas que reciben atención integral a través del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).
El operativo incluyó el retiro de desechos sólidos, la limpieza de áreas verdes, la poda de árboles que representaban riesgo para la estructura y los transeúntes, así como la nivelación del terreno adyacente a las instalaciones del centro.
Las labores fueron ejecutadas por los colaboradores Carlos Alcántara y Miguel Ángel Custodio, miembros de las brigadas de Asistencia Vial RD, un programa que, además de brindar apoyo en carreteras, realiza acciones sociales y de mantenimiento comunitario en distintas localidades del país.
El director provincial del MOPC en Azua, Wader Rossó Ramírez, destacó la importancia de este tipo de intervenciones y afirmó:
“Nuestro compromiso es seguir apoyando a las comunidades, garantizando espacios seguros y limpios donde los niños puedan desarrollarse plenamente. Este operativo es un ejemplo de cómo la institución trabaja directamente en beneficio de la población.”
Autoridades locales y miembros de la comunidad agradecieron la intervención del MOPC, resaltando la relevancia de mantener entornos adecuados para la educación y bienestar de los niños y niñas.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones reiteró su compromiso de continuar ejecutando operativos de limpieza, mantenimiento y apoyo social, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y bienestar de la población dominicana.
]]>El anuncio fue encabezado por el doctor Jesús Andújar Avilés, director ejecutivo del Ideice, quien informó que en esta nueva convocatoria serán financiadas 130 investigaciones, elaboradas por docentes, técnicos distritales y regionales, con el objetivo de generar evidencias que orienten la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas más efectivas en el ámbito educativo.
“Con esta iniciativa, reafirmamos nuestro compromiso con una educación basada en evidencias, rigurosa y pertinente, que permita mejorar las prácticas pedagógicas y la gestión institucional en todo el país”, expresó el doctor Andújar Avilés durante el acto de lanzamiento.
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El evento contó con la participación de Adrián Gutiérrez, encargado de Investigación del Ideice; los directores regionales Dominga Mosquea (10) y Eddy Chávez (15); y la investigadora Joanny Polanco, responsable del programa.
Convocatoria abierta y nuevas oportunidades de formación
La convocatoria estará abierta desde el 14 de octubre hasta el 28 de noviembre de 2025, y los interesados podrán consultar las bases en el portal institucional (www.ideice.gob.do) o integrarse al grupo oficial de WhatsApp del programa, donde recibirán asistencia y orientación durante el proceso de postulación.
Como novedad, el Ideice anunció la realización de una jornada de inducción del 16 al 27 de octubre, dirigida a nuevos postulantes, con el fin de fortalecer sus competencias metodológicas y asegurar la calidad de las propuestas de investigación.
Investigación educativa con impacto nacional
El doctor Andújar Avilés destacó que las propuestas deberán estar alineadas con las cinco líneas de investigación institucionales del Ideice, orientadas a los desafíos actuales del sistema educativo y a las necesidades prioritarias de cada regional.
El titular del Ideice también subrayó que el programa se enmarca en los principales instrumentos de planificación del país, como la Ley General de Educación 66-97, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014–2030, el Plan Horizonte 2034 y el Plan Estratégico Institucional 2025–2030.
Desde su implementación piloto en 2022, “Conoce tu Regional Investigando” ha generado 94 investigaciones y, bajo la actual gestión iniciada en 2024, se han aprobado 100 proyectos en 2025, con una meta de 130 estudios para el próximo año, reflejando el crecimiento sostenido del programa y su impacto en las comunidades educativas.
Testimonios que inspiran
Durante el acto, docentes e investigadores de cohortes anteriores compartieron sus experiencias y aprendizajes. María Genao Beras, directora del Instituto Tecnológico de Artes y Oficios del Distrito Nacional, y Moisés Martínez Brito, del Centro Educativo Santa Martha, coincidieron en que el programa ha fortalecido sus capacidades investigativas y transformado sus prácticas docentes, beneficiando directamente a sus estudiantes y comunidades.
A la actividad, celebrada en el Salón de Conferencias del Ideice, asistieron funcionarios de la institución, asesores del CTRI como César Jiménez, Wilfredo Rosario y Hugo Santana, y representantes de las regionales 10 y 15 del Gran Santo Domingo.
Sobre el Ideice
El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), creado mediante la Ordenanza No. 03-2008, es una entidad descentralizada adscrita al Ministerio de Educación. Es la primera institución del país dedicada exclusivamente a la evaluación e investigación científica de la calidad educativa, aportando hallazgos que contribuyen a fortalecer las políticas públicas y la mejora continua del sistema educativo dominicano.
]]>El abogado Salvador Catrén, representante legal de Suplax, explicó que las imágenes “fueron tergiversadas con la intención de confundir a la opinión pública” y precisó que el material audiovisual corresponde a un autorrepuesto cercano, propiedad de otro empresario de capital chino, destacando que la empresa no ha reanudado operaciones y que sus instalaciones siguen totalmente cerradas.
“El video no muestra a Suplax. Nuestra tienda continúa totalmente cerrada desde la emisión de la resolución del MIVED. No hay operaciones, ni luces encendidas, ni personal trabajando, fuera del equipo esencial autorizado”, sostuvo Catrén.
El representante legal informó además que la empresa mantiene una negociación abierta con el MIVED y un proceso judicial en curso para apelar la medida que dispuso la clausura del establecimiento, ubicado en la avenida Nicolás de Ovando.
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“La resolución del MIVED fue acatada en un cien por ciento, pero la institución no tiene competencia para cerrar una edificación concluida. Estamos confiados en que la justicia ordenará la suspensión de la medida y permitirá que Suplax reabra conforme a la ley”, agregó el abogado.
Catrén indicó que la próxima audiencia ante el Tribunal Superior Administrativo se celebrará el jueves 16 de octubre, donde esperan una decisión favorable.
“Nuestra prioridad es resolver este proceso por las vías legales, preservando la estabilidad de nuestros empleados y el cumplimiento estricto de la normativa dominicana”, concluyó.
]]>Con los hechos reciente ocurrido en la sede central de la alta casa de estudio, en el que se vio involucrado el político Fernando Abreu, a muchos les ha surgido la pregunta y despertado el interés por conocer más sobre las leyes de la UASD.
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En ese sentido, el estatus de autonomía de la UASD está reconocido en la Constitución dominicana de 2010, específicamente en el artículo 77, que establece que las universidades autónomas tienen independencia para organizar sus programas académicos, administrativos y financieros, sin intervención del Estado.
Además, esta autonomía cuenta con un respaldo legal histórico, la Ley de Autonomía Universitaria No. 5778-61, del 31 de diciembre de 1961, que regula la independencia de las universidades públicas dominicanas, en particular de la UASD. Esta ley establece la independencia administrativa, académica y financiera de la universidad, protege el fuero universitario para estudiantes, docentes y personal administrativo, regula la organización interna mediante estatutos y elecciones democráticas, y garantiza que la universidad pueda ejercer funciones educativas y de investigación sin injerencia del Estado.
El fuero universitario, consagrado también en la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, protege a docentes, estudiantes y personal administrativo frente a acciones legales o represalias derivadas de actividades académicas o de investigación, convirtiendo a la UASD en un espacio seguro para el debate crítico, la investigación libre y la participación en movimientos sociales, fortaleciendo así su papel histórico en la promoción de la justicia y la equidad.
A lo largo de las décadas, la UASD ha sido un referente en la reivindicación social, con movimientos estudiantiles y sindicales que han logrado mejoras significativas, como incrementos salariales para el personal docente, implementación de programas de becas, fortalecimiento de la educación inclusiva y políticas que facilitan el acceso a estudiantes de bajos recursos.
Asimismo, la universidad ha impulsado la investigación científica con enfoque social, contribuyendo a la formulación de políticas públicas en áreas como salud, educación y desarrollo sostenible.
El Estatuto de la UASD, aprobado mediante la Ley 5773 de 1962 y modificado en varias ocasiones, establece mecanismos de participación democrática, garantizando la elección de autoridades universitarias y consejos académicos con representación de estudiantes, docentes y graduados, lo que asegura que las decisiones reflejen los intereses de toda la comunidad universitaria y fortalece la autonomía frente a presiones externas.
No obstante, la UASD ha enfrentado desafíos en el ejercicio de su autonomía y fuero, incluyendo conflictos con distintos gobiernos, diferencias internas entre sectores de la universidad y limitaciones presupuestarias, lo que ha puesto a prueba su capacidad de mantener la independencia y el compromiso con la libertad académica y la responsabilidad social.
El enfrentamiento ocurrido el pasado 9 de octubre en el campus central de la UASD entre un grupo liderado por Fernando Abreu, presidente del movimiento Patria Libre (Palib), y varios estudiantes universitarios ha escalado a instancias judiciales.
Abreu presentó una querella con constitución en actor civil contra los profesores Fernando A. Peña Segura y Carlos Nazaret Mesa de los Santos, acusándolos de incitar la violencia y agredir físicamente a miembros de su equipo durante el incidente.
Según la denuncia, los acusados, junto a personas no identificadas, profirieron insultos y amenazas contra Abreu por sus ideas políticas, impidiéndole expresarse dentro del campus.
Además, se señala que personal de seguridad de la universidad habría golpeado a su equipo, destruido equipos de grabación y retenido a varios de sus colaboradores. La querella invoca los artículos 308, 336 y 336.1 del Código Penal dominicano, que sancionan amenazas verbales y discriminación por motivos ideológicos.
Por su parte, la UASD emitió un comunicado el 13 de octubre señalando que Abreu y su grupo se enfrentaron a estudiantes de la universidad, por lo que la seguridad intervino de manera preventiva.
La institución reiteró su defensa de la pluralidad de pensamiento y los valores democráticos, pero solicitó al dirigente abstenerse de realizar nuevas acciones dentro del campus. La universidad anunció además que presentará una denuncia formal ante las autoridades competentes, acompañada de evidencias de los hechos del 9 de octubre y de otros incidentes en los que se habrían violado los reglamentos institucionales por parte de personas ajenas a la vida universitaria.
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