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La balacera ocurrió en el centro comercial Valley Fair Mall en San José, en el centro de California, donde usuarios compartieron imágenes de ellos ocultos entre la ropa, corriendo a resguardaste en las tiendas o gritando con sus bolsas de compra en las redes sociales.
Las autoridades trasladaron a los dos heridos a un hospital cercano, detalló el Departamento de Policía en un reporte en sus redes sociales, que no aclaró la identidad ni el estado de salud de las víctimas.
La dependencia aseguró que «este tiroteo parece ser un incidente aislado y no hay un tirador activo«.
«Sin embargo, los oficiales están evacuando y desalojando el centro comercial para confirmar que no hay una persistente amenaza a la salud pública», expuso.
Por ahora, el motivo de los disparos y la identidad del responsable se desconocen.
Estados Unidos, que este viernes tuvo su principal día de compras del año, ha registrado al menos 379 tiroteos masivos, en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive.

La medida, aprobada por el presidente Luis Abinader, permite que aeronaves estadounidenses empleen el Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez y el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer para operaciones de interdicción aérea contra el narcotráfico en el Caribe.
Durante su programa semanal «Con el mazo dando», Cabello ironizó sobre la autorización y afirmó que no es una novedad la presencia estadounidense en la región:
“A mí me da risa que hoy veo que el presidente de República Dominicana autoriza los vuelos estadounidenses… No habían nacido ustedes y ese aeropuerto le pertenece a los gringos. Pero ellos reciclan”.
El dirigente chavista también sostuvo que este tipo de decisiones forma parte de lo que denominó estrategias imperiales que buscan justificar acciones militares y operaciones de vigilancia en el área.
La autorización dominicana, avalada por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, ha generado debate en distintos sectores políticos y sociales del país, que cuestionan su alcance y temporalidad, mientras el Gobierno sostiene que se trata de una cooperación puntual para combatir el tráfico ilícito de drogas en la región.
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