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“La denuncia no solo activa la justicia…, también deja en suspenso la carrera política del funcionario.”
SANTO DOMINGO, RD – El Partido Revolucionario Moderno (PRM) suspendió la militancia del regidor de Nigua, Ángel María Álvarez Peguero, conocido como “Enrique”, tras confirmarse una acusación formal por presunto abuso sexual contra una menor de edad.
La organización explicó que la decisión se tomó luego de verificar la existencia del expediente en la justicia dominicana como parte de un proceso disciplinario interno. El dirigente permanecerá apartado mientras avanza el caso y hasta que exista una sentencia definitiva.

El PRM advirtió que, si se produce una condena, el funcionario municipal será expulsado de forma permanente. La medida se sustenta en los estatutos del partido, que contemplan sanciones cuando la conducta de un miembro compromete su integridad institucional.

En su comunicado, el oficialismo reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia o abuso contra niños, niñas y adolescentes, subrayando que no tolerará conductas que afecten a menores ni que dañen la confianza pública.
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]]>La organización llamó a revisar este proceso en el marco de la legalidad, la transparencia y la consulta pública con los actores productivos impactados por la medida. Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, subrayó la disposición del gremio a contribuir en la búsqueda de soluciones equilibradas: “El país necesita servicios públicos sostenibles, así como el sector productivo necesita previsibilidad en los procesos de estructuración de políticas públicas. Cualquier reajuste tarifario debe construirse sobre bases legales, participativas y técnicamente sustentadas. Decisiones sorpresivas, como ésta, impactan los principios de seguridad jurídica a los que está acostumbrado el sector industrial”, manifestó.
La AIRD resaltó que, si bien reconoce la necesidad de actualizar los esquemas tarifarios en función de la sostenibilidad operativa de los servicios, preocupa que en este caso no se haya realizado la consulta pública de rigor o la publicación de los estudios técnicos que sustentan el alza. “Con esta decisión, la CAASD ignora el mandato de diversas disposiciones legales que garantizan el debido proceso y la previsibilidad normativa en nuestro país. La medida no incluye una gradualidad en el ajuste tarifario, implementando de manera abrupta y sorpresiva un incremento considerable de las tarifas cuando los presupuestos del 2026 habían sido ya aprobados por las empresas afectadas” precisó Pujols.
Asimismo, Pujols resaltó la introducción de significativas diferencias tarifarias entre industrias nacionales y zonas francas, aspecto que no figuraba en el esquema previo, lo cual resta competitividad al sector industrial y genera una evidente discriminación entre sectores productivos en el país.
El gremio industrial reiteró su compromiso con el fortalecimiento de los servicios esenciales y, a la vez, hizo un llamado a la CAASD a suspender la implementación de la decisión, abrir espacios de diálogo técnico para analizar el tema y conocer las iniciativas institucionales enfocadas en combatir la falta de pago por parte de actores informales en el sector empresarial.
“En este proceso hemos identificado que las coorporaciones de acueducto y alcantarillado en el país no observan criterios homogéneos para ajustar las tarifas y tampoco comparten los estudios técnicos que justifican sus decisiones, contrario a lo que disponen las leyes vigentes. Esta situación afecta directamente al sector industrial, siendo este un tema de interés nacional quedebe ser tratado con la responsabilidad y urgencia que amerita, considerando el impacto que tiene en los precios de los productos de primera necesidad en el mercado”, concluyó Pujols.
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