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En términos porcentuales, las mujeres representan el 48% del total de personas extranjeras con residencia en vigor en el país. De ellas, el 41% procede de países de la Unión Europea, lo que equivale a 1.459.397 mujeres. El grupo más numeroso corresponde a las mujeres procedentes de Rumanía, con 531.041 residentes. Tras ellas se sitúan las de nacionalidad marroquí, con 414.171, y en tercer lugar las italianas, que suman 227.886.
Este mapa migratorio refleja las dinámicas históricas de movilidad dentro de Europa y también la importancia de los flujos migratorios procedentes del norte de África y América Latina.
En cuanto a la distribución geográfica de estas mujeres en nuestro país, el 68% se concentra en cuatro comunidades autónomas: Cataluña, con un 21% del total; Madrid, con el 17%, y Andalucía y la Comunidad Valenciana con un 15% ambas. Estas regiones destacan por su dinamismo económico y su capacidad de absorción de empleo en sectores clave como los servicios, los cuidados, el turismo o la agricultura, recoge el informe.
El proceso de integración también se refleja en el acceso a la nacionalidad española. Entre 2015 y 2024, algo más de 724.000 mujeres obtuvieron la nacionalidad por residencia, lo que representa el 55% del total de personas nacionalizadas por esta vía. Este dato pone de relieve el peso creciente de las mujeres en los procesos de integración social y administrativa en España.

Uno de los aspectos más destacados del informe del Observatorio Permanente de la Inmigración es la aportación de las mujeres extranjeras al mercado de trabajo. Los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a enero de 2026 registran 1.294.259 mujeres extranjeras afiliadas, lo que supone el 43% del total de personas extranjeras dadas de alta en el sistema.
Según el informe, estos datos “consolidan el peso estructural del empleo femenino migrante en el mercado laboral español y evidencia su creciente contribución a la sostenibilidad del sistema de protección social”.
Sus autores inciden en que el volumen de afiliación femenina extranjera “confirma su papel estratégico y su aportación resulta especialmente relevante en un contexto de envejecimiento demográfico y necesidad de refuerzo generacional, contribuyendo de manera directa al equilibrio y sostenibilidad de la Seguridad Social”.
Rumanas, colombianas y venezolanas, las más numerosas
Por regiones de origen, las mujeres procedentes de América Central y del Sur son el colectivo más numeroso, con 504.023 afiliadas, lo que representa el 39% del total de mujeres extranjeras afiliadas. A continuación se sitúan las de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio, con 427.664 afiliadas, es decir, el 33%.
Si se analiza por nacionalidades concretas, las mujeres rumanas vuelven a liderar el ranking, representando el 12% del total de afiliadas. Les siguen las colombianas (9%) y, con un 8% cada una, las venezolanas y las marroquíes.
En cuanto a los regímenes laborales, el Régimen General concentra el 70% de las afiliadas extranjeras, lo que supone el 42% del total de personas extranjeras incluidas en este modelo de cotización.
‘Autorizadas’ para estudiar
Además del ámbito laboral, el informe del OPI destaca la creciente presencia de mujeres migrantes en el sistema educativo y universitario español. Los datos reflejan una tendencia ascendente en las autorizaciones de residencia por estudios. En concreto, la última estadística publicada por el Observatorio muestra un incremento del 92% en las autorizaciones concedidas a mujeres entre 2014 y 2024.
A 30 de septiembre de 2025, 29.107 mujeres extranjeras contaban con una autorización de estancia por estudios en vigor, lo que representa el 52% del total de personas con este tipo de permiso. La mayor parte de estas estudiantes se encuentra en edades jóvenes. El 29% tiene entre 20 y 29 años, una etapa clave para la formación universitaria o de posgrado.
Por nacionalidades, las estudiantes extranjeras con mayor presencia en España proceden principalmente de América Latina. Las colombianas encabezan la lista, representando el 14% del total de mujeres con autorización de estudios. Les siguen las peruanas (10%), las chinas (7%) y, con un 6% cada una, mujeres procedentes de Marruecos, Estados Unidos, México y Ecuador.
En cuanto a su distribución geográfica, las estudiantes extranjeras se concentran en las principales ciudades universitarias del país. Las provincias con mayor presencia son Madrid, con el 33%; Barcelona, con un 20%, y Valencia, con el 12%.
Fuente: INFOBAE.
]]>Resulta curioso que quienes más repiten esta farsa, en muchos casos, son empresarios foráneos que se asientan en países como el nuestro y encuentran en la mano de obra haitiana ilegal un negocio redondo. Mano de obra sin derechos, sin voz, sin capacidad de reclamar; mano de obra barata, vulnerable y reemplazable.
Basta darse una vuelta por ciertos establecimientos de extranjeros asiáticos, convertidos en verdaderas cuevas humanas, donde se ha denunciado que se hacinan trabajadores haitianos ilegales a los que se les paga tres pesos, aprovechándose de su desesperación por sobrevivir lejos de una tierra natal que se les cae a pedazos. Allí no hay respeto, ni horarios, ni seguridad social. Solo necesidad convertida en ganancia.
No les basta las ventajas que les brinda el Estado dominicano en detrimento del empresariado y emprendedores locales.
Lo mismo ocurre en el sector construcción, donde se levantan decenas de torres que embellecen la ciudad mientras se sostiene el discurso de que “el dominicano no le gusta trabajar”. O en la agricultura, donde, por igual, muchos prefieren la mano de obra ilegal, porque sale más barata, no protesta y no exige.
Pero el problema nunca ha sido la falta de voluntad del dominicano para trabajar. El problema es la falta de voluntad para pagar lo justo, para ofrecer condiciones humanas o para cumplir la ley.
El dominicano trabaja duro, dentro y fuera de su país. Lo demuestra en cada comunidad dominicana en el exterior, donde es reconocido por su esfuerzo y responsabilidad. Lo demuestra aquí, aun cuando no se le ofrece un salario digno, seguridad y respeto.
En el acto participaron representantes de todo el sector, entre ellos José Vargas, presidente ejecutivo de ADARS; Alba Holguín, directora ejecutiva de ADIMARS; Juan Estévez, viceministro de Trabajo; Samuel Sena, presidente de CODESSD; y Augusto de los Santos, director del SIUBEN. También estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Administración Pública y miembros del equipo organizador del premio.
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El director de la DIDA, Elías Báez, explicó que el galardón busca visibilizar y reconocer las buenas prácticas de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS), Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), médicos y entidades independientes que implementan modelos de gestión eficientes en beneficio de los usuarios. La evaluación incluirá siete renglones: humanización de los servicios, gestión de riesgos, detección y prevención de irregularidades, gestión integral del paciente, experiencia del afiliado, protección financiera y acceso para poblaciones vulnerables, así como promoción y prevención en salud.
Báez destacó que, además de orientar y defender los derechos de los afiliados, la DIDA también trabaja en medir y monitorear la calidad de los servicios del sistema, para lo cual ha realizado más de 1,700 encuestas y unas 600 visitas a centros de salud y establecimientos vinculados.
La convocatoria estará abierta del 27 de noviembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 a través del portal institucional.
Ketty Wanda Quezada, coordinadora del premio, señaló que la iniciativa permitirá a las instituciones recibir retroalimentación técnica y posicionarse como referentes positivos del sistema. En tanto, el consultor Kinller Moquete resaltó que el premio fue diseñado para promover la excelencia, la competencia sana y la mejora continua en el SDSS.
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