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“Promesas, estudios y financiamientos anunciados mientras la principal zona turística del país sigue esperando…,”
PUNTA CANA. RD – La historia del acueducto para Verón Punta Cana no es nueva. Es una promesa que ha atravesado gobiernos, discursos oficiales y presupuestos sin traducirse en una solución definitiva para miles de residentes y trabajadores de la zona turística más importante del país.
1. Década de 2010 | Gobiernos del PLD.
Durante los mandatos de Leonel Fernández y Danilo Medina, el crecimiento acelerado de Bávaro–Punta Cana ya era reconocido por el Estado. Sin embargo, el abastecimiento de agua quedó en manos privadas y soluciones provisionales. No existe constancia de ejecución de un acueducto estatal para Verón en ese período, pese a múltiples diagnósticos técnicos.

2. 2019 | Gobierno de Danilo Medina.
El INAPA declara de interés público un proyecto privado de acueducto y alcantarillado sanitario para la zona. El anuncio genera expectativas, pero no se inicia ninguna obra, ni se concreta el esquema de ejecución.

3. 2020–2024 | Gobierno de Luis Abinader. El tema vuelve a la agenda pública. El proyecto es registrado en el Banco de Proyectos del Estado, paso necesario para su financiamiento. En presupuestos posteriores se menciona el sistema de agua y saneamiento, pero sin fechas claras de inicio.
4. 2025 | Financiamiento internacional.
El Gobierno anuncia la aprobación de recursos del BID para el acueducto de Verón Punta Cana, indicando que la construcción iniciaría en 2026. Hasta el momento, la obra sigue en fase previa.

Mientras tanto, Verón Punta Cana continúa creciendo, sosteniendo el turismo nacional, pero dependiendo de soluciones privadas para un servicio que debió ser público hace años.
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]]>Luis Pereira, 26 años, llegó por su cuenta desde su A Coruña natal. Tras seis meses en un primer empleo, cambió a otra agencia atraído por “dos euros más la hora” en un trabajo de movimiento de carga en el aeropuerto, y ahí descubrió el resto: “Me bloqueaban el registro municipal, retrasaban los trámites, escondían información”, relató a EFE al término de su jornada.
Vivía en una residencia con habitaciones de apenas 5 metros cuadrados y ducha compartida entre diez personas. El empadronamiento lo convierte en un ciudadano más de Países Bajos, con obligaciones para la empresa, y derechos para el trabajador, incluidas ayudas al seguro médico para salarios bajos como el suyo, cursos de neerlandés para integrarse en la sociedad, y protección social.
Pero, cuando intentó empadronarse, la agencia paralizó su petición y cerró su contrato justo antes de finalizar cuatro meses, el límite que permite a un trabajador no constar en el padrón municipal como residente y periodo en el que está totalmente desprotegido.
Su problema es el de tantos migrantes que acuden a Países Bajos atraídos con promesas de sueldos dignos y derechos laborales: firmó el contrato de trabajo y de alquiler en un único documento, lo que lo dejaba automáticamente en manos de la agencia. “Pueden manejarte mucho mejor, porque al final ellos contratan horas, no personas”, dice Luis, apuntando a que “si pierdes las horas, pierdes la casa”.
Valentín Fuentes del Burgo (34 años, Ciudad Real) llega a la entrevista acompañado de compañeros españoles en su misma situación, para hablar con EFE antes de empezar su turno nocturno de trabajo.
Cuenta un patrón similar al de Luis: reclutado con porcentajes falsos de salario y promesas de trabajos “sin esfuerzo físico”, dejó un empleo estable en España, pero al llegar a Países Bajos se encontró cargando cajas pesadas ocho horas diarias y cobrando “dos veces menos de lo prometido”. Intentó pedir explicaciones, pero “siempre excusas, nunca claridad”, lamenta este padre de una niña que llegó buscando un sueldo digno.
Describe que su alojamiento era parecido a un “hostal destartalado”: basura en las habitaciones, ventanas bloqueadas, hacinamiento y un coordinador que funcionaba “como un matón”. Explica que la agencia controlaba horarios, seguro médico y hasta el acceso a un médico: “Tienes seguro, pero no sabes cuál. Si te pasa algo, dependes de que te contesten un email”, dice.
Cuando fue a pasar unos días en un hotel con su madre, que le vino a visitar, la agencia le bloqueó la puerta y lo dejó sin casa y sin empleo.
La federación de sindicatos neerlandeses FNV confirma esta cadena “caótica” de unos 800.000 trabajadores migrantes, principalmente europeos, explotados en horticultura, logística, construcción o mataderos, la mayoría contratados a través de una de las 20.000 agencias temporales.
El presidente del FNV, Dick Koerselman, sostiene que la dependencia es deliberada: salarios bajos, deducciones altas, viviendas precarias y contratos breves que impiden acumular derechos. “Si se quejan, los sacan del trabajo, pierden la casa, y acaban en la calle”.
Imágenes recopiladas por el FNV muestran piernas de un trabajador cubiertas de picaduras de chinches, colchones sucios tirados en el suelo, habitaciones que parecen garajes o naves industriales, humedades, cámaras de videovigilancia dentro del alojamiento y, en general, condiciones claramente insalubres.
Eva González Pérez, abogada hispano-neerlandesa, documenta desde 2022 los mismos patrones: horas no pagadas, deducciones ilegales, viviendas inadecuadas, habitaciones compartidas por varias personas, agencias que impiden el registro y trabajadores sin derechos mínimos.
Muchos no denuncian por miedo a perder empleo, vivienda y seguro médico a la vez, dice. Otros ni siquiera tienen número de identificación, y no pueden acceder a servicios básicos ni asistencia jurídica: permanecen invisibles en el sistema.
Esta abogada fue la primera en dar la voz de alarma sobre el caso que costó a Mark Rutte su tercera legislatura en 2021 por discriminación de la agencia tributaria contra decenas de miles de padres acusados sin fundamento de fraude fiscal.
González Pérez ve similitudes entre ambos casos: la dejadez del gobierno ante un secreto a voces. Describe traslados diarios de más de 200 kilómetros entre vivienda y empleo para impedir que los trabajadores se integren en su entorno o conozcan sus derechos, y relata instrucción directa a trabajadores para mentir al ayuntamiento: “Les dicen que no digan que llevan más de cuatro meses”.
La Inspección de Trabajo reconoce desde hace años que no logra controlar el sistema, que casi ningún caso acaba en sanción y las víctimas no reciben protección. Mientras, el número de trabajadores migrantes sin hogar crece: ya son unos 10.000, el 60 % del total de personas que viven en la calle, según el Ejército de Salvación.
Luis y Valentín insisten en lo mismo: “Quien venga tiene que saber a qué se enfrenta”, un sistema donde su vida laboral y sus derechos más básicos dependen del mismo intermediario, y donde una queja puede traducirse en perderlo todo en un día.
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