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La funcionaria explicó que, hasta el momento, la institución no ha recibido denuncias formales relacionadas con supuestos casos de competencia desleal vinculados a este tipo de productos. No obstante, indicó que la entidad mantiene un monitoreo constante de los distintos mercados de bienes y servicios a través de sus mecanismos de observación.
Vásquez Taveras señaló que, aunque las marcas blancas están registradas y pueden generar efectos positivos para la competencia al ampliar la oferta para los consumidores, todos los actores del mercado deben cumplir con las normas vigentes.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado y puedan competir en igualdad de condiciones”, expresó.
En ese sentido, informó que la institución trabaja en un estudio que evaluará las condiciones de competencia en el comercio minorista. Este análisis incluirá un perfil de las marcas blancas en el país, su presencia en el mercado, proporción y posible impacto en la dinámica comercial, con el objetivo de identificar si se requieren mejoras regulatorias o nuevas políticas públicas.
La presidenta de ProCompetencia indicó además que la dirección ejecutiva de la entidad continúa dando seguimiento al comportamiento de los mercados mediante el Observatorio de Condiciones de Competencia, mientras se elabora un informe de abogacía de la competencia que servirá de base para proponer ajustes regulatorios.
Anteproyecto de ley
Durante sus declaraciones, la funcionaria también destacó la presentación de un anteproyecto para modificar la Ley General de Defensa de la Competencia, con el objetivo de fortalecer el marco legal y ofrecer mayor seguridad jurídica a los actores económicos.
Entre las principales novedades de la propuesta figura la creación de un régimen de control de concentraciones empresariales, una herramienta que actualmente no contempla la legislación dominicana.
Según explicó Vásquez Taveras, la República Dominicana es el único país de América Latina que cuenta con una ley de competencia y una autoridad reguladora, pero que aún no posee facultad para realizar controles previos de concentraciones empresariales.
La iniciativa también contempla nuevas facultades para la institución, incluyendo sanciones más severas contra prácticas de competencia desleal, incremento de las multas y la creación de la figura del consejero instructor para fortalecer las garantías del debido proceso.
Sanciones por competencia desleal
El anteproyecto plantea clasificar los actos de competencia desleal como infracciones graves, con multas que podrían alcanzar hasta el cinco por ciento de los ingresos brutos de la empresa infractora, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
Asimismo, se establece el fortalecimiento de la colaboración interinstitucional y la obligación de suministrar información a las autoridades competentes, con un régimen de consecuencias en caso de omisión, retraso injustificado o negativa de entrega.
De acuerdo con la titular de ProCompetencia, estas medidas buscan reforzar la efectividad de la institución y contribuir a la creación de mercados más competitivos, transparentes y atractivos para la inversión.
]]>La funcionaria explicó que, hasta el momento, la institución no ha recibido denuncias formales relacionadas con supuestos casos de competencia desleal vinculados a este tipo de productos. No obstante, indicó que la entidad mantiene un monitoreo constante de los distintos mercados de bienes y servicios a través de sus mecanismos de observación.
Vásquez Taveras señaló que, aunque las marcas blancas están registradas y pueden generar efectos positivos para la competencia al ampliar la oferta para los consumidores, todos los actores del mercado deben cumplir con las normas vigentes.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado y puedan competir en igualdad de condiciones”, expresó.
En ese sentido, informó que la institución trabaja en un estudio que evaluará las condiciones de competencia en el comercio minorista. Este análisis incluirá un perfil de las marcas blancas en el país, su presencia en el mercado, proporción y posible impacto en la dinámica comercial, con el objetivo de identificar si se requieren mejoras regulatorias o nuevas políticas públicas.
La presidenta de ProCompetencia indicó además que la dirección ejecutiva de la entidad continúa dando seguimiento al comportamiento de los mercados mediante el Observatorio de Condiciones de Competencia, mientras se elabora un informe de abogacía de la competencia que servirá de base para proponer ajustes regulatorios.
Anteproyecto de ley
Durante sus declaraciones, la funcionaria también destacó la presentación de un anteproyecto para modificar la Ley General de Defensa de la Competencia, con el objetivo de fortalecer el marco legal y ofrecer mayor seguridad jurídica a los actores económicos.
Entre las principales novedades de la propuesta figura la creación de un régimen de control de concentraciones empresariales, una herramienta que actualmente no contempla la legislación dominicana.
Según explicó Vásquez Taveras, la República Dominicana es el único país de América Latina que cuenta con una ley de competencia y una autoridad reguladora, pero que aún no posee facultad para realizar controles previos de concentraciones empresariales.
La iniciativa también contempla nuevas facultades para la institución, incluyendo sanciones más severas contra prácticas de competencia desleal, incremento de las multas y la creación de la figura del consejero instructor para fortalecer las garantías del debido proceso.
Sanciones por competencia desleal
El anteproyecto plantea clasificar los actos de competencia desleal como infracciones graves, con multas que podrían alcanzar hasta el cinco por ciento de los ingresos brutos de la empresa infractora, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
Asimismo, se establece el fortalecimiento de la colaboración interinstitucional y la obligación de suministrar información a las autoridades competentes, con un régimen de consecuencias en caso de omisión, retraso injustificado o negativa de entrega.
De acuerdo con la titular de ProCompetencia, estas medidas buscan reforzar la efectividad de la institución y contribuir a la creación de mercados más competitivos, transparentes y atractivos para la inversión.
]]>La funcionaria explicó que, hasta el momento, la institución no ha recibido denuncias formales relacionadas con supuestos casos de competencia desleal vinculados a este tipo de productos. No obstante, indicó que la entidad mantiene un monitoreo constante de los distintos mercados de bienes y servicios a través de sus mecanismos de observación.
Vásquez Taveras señaló que, aunque las marcas blancas están registradas y pueden generar efectos positivos para la competencia al ampliar la oferta para los consumidores, todos los actores del mercado deben cumplir con las normas vigentes.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado y puedan competir en igualdad de condiciones”, expresó.
En ese sentido, informó que la institución trabaja en un estudio que evaluará las condiciones de competencia en el comercio minorista. Este análisis incluirá un perfil de las marcas blancas en el país, su presencia en el mercado, proporción y posible impacto en la dinámica comercial, con el objetivo de identificar si se requieren mejoras regulatorias o nuevas políticas públicas.
La presidenta de ProCompetencia indicó además que la dirección ejecutiva de la entidad continúa dando seguimiento al comportamiento de los mercados mediante el Observatorio de Condiciones de Competencia, mientras se elabora un informe de abogacía de la competencia que servirá de base para proponer ajustes regulatorios.
Anteproyecto de ley
Durante sus declaraciones, la funcionaria también destacó la presentación de un anteproyecto para modificar la Ley General de Defensa de la Competencia, con el objetivo de fortalecer el marco legal y ofrecer mayor seguridad jurídica a los actores económicos.
Entre las principales novedades de la propuesta figura la creación de un régimen de control de concentraciones empresariales, una herramienta que actualmente no contempla la legislación dominicana.
Según explicó Vásquez Taveras, la República Dominicana es el único país de América Latina que cuenta con una ley de competencia y una autoridad reguladora, pero que aún no posee facultad para realizar controles previos de concentraciones empresariales.
La iniciativa también contempla nuevas facultades para la institución, incluyendo sanciones más severas contra prácticas de competencia desleal, incremento de las multas y la creación de la figura del consejero instructor para fortalecer las garantías del debido proceso.
Sanciones por competencia desleal
El anteproyecto plantea clasificar los actos de competencia desleal como infracciones graves, con multas que podrían alcanzar hasta el cinco por ciento de los ingresos brutos de la empresa infractora, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
Asimismo, se establece el fortalecimiento de la colaboración interinstitucional y la obligación de suministrar información a las autoridades competentes, con un régimen de consecuencias en caso de omisión, retraso injustificado o negativa de entrega.
De acuerdo con la titular de ProCompetencia, estas medidas buscan reforzar la efectividad de la institución y contribuir a la creación de mercados más competitivos, transparentes y atractivos para la inversión.
]]>El convenio, que tiene una vigencia inicial de cuatro años, fue suscrito por la presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, y el presidente de Codopyme, Fernando Pinales, con la presencia de autoridades, miembros del Consejo Directivo y colaboradores de ambas instituciones, y tiene como objetivo garantizar la libre y leal competencia para que las pequeñas empresas operen en igualdad de condiciones.
Un motor económico que exige reglas claras
Durante su intervención, Vásquez Taveras destacó el peso estructural de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales representan el 98% de las unidades económicas del país, generan más del 60% del empleo y aportan el 32% al Producto Interno Bruto (PIB).
“La libertad de empresa no se agota en el derecho a emprender; exige mercados abiertos y condiciones de competencia leal que permitan a las Mipymes desarrollarse y crecer sin barreras artificiales”, afirmó Vásquez.
Vásquez Taveras hizo también referencia a informes internacionales para recordar que una competencia débil frena la innovación y aumenta los precios, mientras que una competencia robusta impulsa la productividad y mejora los salarios.
Por su parte, Fernando Pinales enfatizó que las Mipymes representan más del 98% del tejido productivo del país, siendo el motor principal del empleo y la innovación local y advirtió que este sector es el más vulnerable ante prácticas desleales y barreras de acceso.
«Para Codopyme este acuerdo representa un paso firme hacia un entorno económico donde el cumplimiento normativo no sea una carga, sino una herramienta de crecimiento y credibilidad», señaló Pinales.
Ejes estratégicos del acuerdo
El convenio es una hoja de ruta estratégica que establece mecanismos permanentes de coordinación para elevar los estándares del empresariado dominicano a través de capacitación especializada con la realización de cursos, diplomados y talleres sobre los derechos y deberes de las empresas en el mercado.
También contempla una mesa de trabajo permanente con la creación de una unidad interinstitucional de cuatro miembros para el seguimiento, monitoreo y evaluación de los objetivos trazados.
Asimismo, asistencia técnica e intercambio a través de colaboración en procesos de investigación y reciprocidad en información técnica y académica; y prevención de prácticas anticompetitivas con la articulación de esfuerzos para evitar distorsiones que afecten especialmente a los pequeños productores.
Un modelo de cooperación público-privada
Ambas instituciones coincidieron en que este acuerdo no conlleva transferencia de recursos económicos, subrayando su naturaleza de cooperación técnica voluntaria. Con esta firma, se establece un protocolo de acción que garantiza la autonomía de las partes mientras se trabaja hacia un objetivo común: un mercado más eficiente, equitativo y sostenible para la República Dominicana.
]]>El Inabie informó que ha colaborado y continuará colaborando plenamente con los órganos competentes, como parte de su compromiso con la transparencia, la debida diligencia y el fortalecimiento institucional.
La entidad aseguró que todos los procesos ejecutados bajo la gestión actual se realizan conforme a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, garantizando legalidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
]]>Durante el acto de toma de posesión, Vásquez Taveras presentó el Plan de Trabajo RECAC 2026, una hoja de ruta que guiará la gestión dominicana al frente de la Red, con énfasis en el fortalecimiento institucional, la cooperación técnica y la proyección regional e internacional de la RECAC. “Este plan representa una etapa estratégica para consolidar institucionalmente nuestra Red y proyectar su labor hacia mayores niveles de coordinación técnica y visibilidad regional”, expresó.
La presidenta de ProCompetencia destacó que esta agenda permitirá traducir la cooperación regional en resultados concretos, mediante acciones coordinadas de modernización institucional, educación y participación internacional, orientadas a fortalecer la defensa efectiva de la competencia y a responder a los desafíos de los mercados regionales y digitales.
El Plan de Trabajo 2026 contempla el intercambio permanente de conocimientos y la evaluación del proceso de institucionalización de la RECAC, en este sentido, Vásquez Taveras destacó que se impulsará una decisión consensuada que permita dotar a la Red de mayor solidez organizativa y jurídica. Además, la creación de una plataforma web independiente de la RECAC, con identidad visual renovada, biblioteca digital regional y un repositorio de jurisprudencia y resoluciones relevantes de las autoridades de competencia de los países miembros.
Entre otras acciones se incluye la organización del vigésimo Foro Centroamericano de Competencia, a celebrarse en la República Dominicana, así como el lanzamiento del primer Moot Centroamericano de Competencia RECAC 2026, una iniciativa académica orientada a la formación de nuevas generaciones de especialistas en la materia.
La gestión dominicana realizará también la consolidación del Boletín Centroamericano de Competencia y la presentación del primer Anuario de Competencia de la RECAC, que sistematizará los principales avances y tendencias regionales y será presentado en el marco del Foro Centroamericano de Competencia 2026.
Al cerrar su intervención, Vásquez Taveras subrayó que la defensa de la competencia es un pilar esencial para el desarrollo económico y que la cooperación regional es clave para enfrentar los desafíos actuales de los mercados. “Asumimos esta Presidencia Pro Tempore con la convicción de que la cooperación regional es el camino más efectivo para fortalecer nuestras capacidades institucionales y amplificar el impacto de nuestras políticas”, afirmó.
Con la asunción de la Presidencia Pro Tempore de la RECAC, la República Dominicana consolida su compromiso con la integración económica regional, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de mercados más transparentes y competitivos. Este liderazgo proyecta al país como un actor regional comprometido con la transparencia, la seguridad jurídica y la protección de los consumidores, elementos fundamentales para atraer inversión extranjera y promover un desarrollo económico sostenible.
Sobre la RECAC
La Red Centroamericana de Autoridades de Competencia (RECAC) es el organismo regional que agrupa a las instituciones responsables de la promoción y protección de la competencia en Centroamérica y la República Dominicana. Su misión fundamental es fortalecer la articulación y las capacidades técnicas de sus miembros para asegurar que los mercados operen de manera eficiente y justa.
La Red facilita la cooperación entre países para enfrentar desafíos comunes, como la investigación de prácticas anticompetitivas y el intercambio de mejores prácticas en el marco de la economía digital y los mercados globalizados. A través de iniciativas como el Foro Centroamericano de Competencia y programas de capacitación especializada, la RECAC trabaja para consolidar una cultura de competencia que beneficie directamente el bienestar de las sociedades y el desarrollo económico sostenible de la región.
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