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NUEVA YORK.- La ex diputada del exterior, ingeniera agrónomo, Servia Iris Famila, demandó de la oposición política dominicana paralizar de una vez y por todas las campañas de descrédito que han montado en contra del Banco Agrícola de la República Dominicana, advirtiéndole que esa mala práctica atenta contra la seguridad alimentaria del país.
Igualmente, la empresaria y dirigente política, entiende que afectar con el despropósito político partidista las labores eficientes del Banco Agrícola en beneficio de la producción alimentaria nacional es un crimen de “lesa humanidad” por los efectos negativos de una campaña política a destiempo.
Del mismo modo, advierte que las exportaciones de productos agrícolas que, durante la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader se han incrementado, se verían afectadas severamente por los efectos que esa malsana campaña ocasionaría a la producción agrícola nacional.
Aseveró la alta dirigente perremeista que el presidente Luis Abinader ha demostrado un supremo interés en que los recursos lleguen al campo para solidificar la seguridad alimentaria en el país.
Servia Iris Familia, quien durante diez años laboró para este Banco Agrícola de la República Dominicana como perito (tasadora agrícola) y analista de préstamo, expresó que, con conocimiento de causa, puede resaltar la importancia de preservar la imagen y credibilidad de la entidad, que es la única que real y efectivamente presta a los hombres y mujeres del campo para poner a parir la tierra.
Advirtió que la campaña electoral fuera de los plazos reglamentarios tiene a la oposición montada en un tren de mentiras y manipulaciones que tarde o temprano se convertirá en un boomerang que lo aniquilará conjuntamente con el peso de sus pasados deshonrosos.
]]>La llegada de ambos a la corte marca un hecho sin precedentes en la historia reciente de Venezuela: un mandatario en ejercicio enfrentando formalmente a la justicia estadounidense. La audiencia inicial está programada para las 12:00 del mediodía (hora local), ante el juez federal Alvin K. Hellerstein.
Según informaciones difundidas por medios estadounidenses, la pareja fue sacada desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC) y trasladada primero a una zona periférica de la ciudad, donde abordaron un helicóptero que los llevó hasta un helipuerto cercano al tribunal. Desde allí, un convoy de cinco vehículos blindados los condujo hasta el edificio judicial, mientras la policía cerraba varias calles del sector.
Las imágenes del traslado muestran a Maduro con visibles dificultades físicas al descender del helicóptero, requiriendo la ayuda de varios agentes federales para abordar el vehículo que lo llevó al juzgado. Todo el operativo estuvo bajo la supervisión directa de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).
El caso se fundamenta en una acusación presentada originalmente en 2020 por el Departamento de Justicia de EE.UU., la cual fue ampliada recientemente tras la captura de Maduro en Caracas. En ella, el mandatario es señalado como principal acusado en una presunta red de narcotráfico internacional, con cargos que incluyen conspiración para narcoterrorismo, tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, posesión de armas de guerra y uso de artefactos destructivos.
La ampliación del expediente incluye por primera vez a Cilia Flores, a quien los fiscales acusan de haber participado activamente en la coordinación de reuniones y en la logística de la supuesta red criminal. Según la Fiscalía, su inclusión refuerza la tesis de que las operaciones ilegales se habrían organizado desde los más altos niveles del poder político venezolano.
Tras esta primera audiencia, el juez Hellerstein deberá decidir los próximos pasos del proceso, incluyendo las condiciones de detención de los acusados y la programación del calendario judicial. El caso, radicado en uno de los distritos federales más influyentes de Estados Unidos, se perfila como uno de los procesos judiciales internacionales más relevantes de los últimos años.
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