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La organización política afirmó que el Ejecutivo intenta justificar los aumentos recientes apelando a la crisis internacional, cuando los propios datos demuestran que en escenarios similares el gobierno actuó de manera distinta. Recordaron que cuando el petróleo se ha situado cerca de los 90 dólares por barril como ocurre actualmente los precios internos pudieron mantenerse estables gracias a políticas de subsidio, sin trasladar el impacto directamente a la población.
Sin embargo, en la actualidad, el gobierno ha aplicado aumentos consecutivos a los combustibles, llevando por ejemplo la gasolina premium a RD$305 por galón y la regular a RD$287.50, lo que evidencia un cambio de criterio que perjudica directamente a los ciudadanos.
Asimismo, la organización criticó que el presidente haya admitido abiertamente que las medidas generarán presiones en la tarifa eléctrica, el transporte y los alimentos, lo que confirma que el ajuste impactará directamente el costo de vida de las familias dominicanas.
“El gobierno reconoce que subirán la luz, el transporte y la comida, esto incluido con el reciente aumento a los combustibles, lo que se traduce como una política económica que castiga a la mayoría y protege las finanzas públicas por encima del bienestar social”, señala la organización política.
El Partido político recordó además que el Estado ha destinado más de RD$58,000 millones en subsidios a combustibles en los últimos años, lo que evidencia que existen mecanismos para amortiguar estos choques sin necesidad de aplicar aumentos inmediatos.
Finalmente, la organización manifestó que el alza de los combustibles constituye una medida regresiva que impacta toda la cadena productiva, elevando el costo del transporte, los alimentos y los servicios básicos, en un contexto donde el propio gobierno reconoce que habrá mayores presiones económicas, y que el país no necesita discursos que normalicen sacrificios, sino decisiones coherentes que protejan a la gente, concluyó el Frente Amplio.
]]>María Teresa Cabrera afirmó que, más allá de los datos macroeconómicos y las estadísticas institucionales, el país enfrenta un deterioro progresivo en el poder adquisitivo de la población.
“El alto costo de la vida, particularmente el precio de los alimentos y los medicamentos golpea diariamente a las familias trabajadoras. Mientras se habla de crecimiento y estabilidad, la comida está más cara y la medicina se ha vuelto inaccesible para miles de hogares”, sostuvo.
El FA subrayó que el discurso presidencial omitió el impacto directo del encarecimiento de la canasta básica. “El salario mínimo puede haber aumentado nominalmente, pero el costo de los alimentos, del transporte, de los servicios y de los medicamentos ha reducido significativamente el poder adquisitivo, al tiempo que advirtió que la reducción estadística de la pobreza debe analizarse con cautela, pues en muchos hogares la estabilidad económica es frágil y depende de subsidios temporales que no resuelven las causas de la desigualdad.
La organización política consideró positivo la democratización de la inversión pública en obras, (28% en la capital y Santiago y 72% en resto del país), pero cuestionó que el Gobierno presente como grandes logros el aumento de consultas, cirugías y estudios diagnósticos, sin reconocer las quejas recurrentes por falta de insumos, largas listas de espera y deficiencias en la atención primaria en el sistema sanitario.
Asimismo, criticó que el acceso efectivo a medicamentos continúe siendo un problema estructural, con precios elevados en farmacias privadas y limitaciones en la cobertura de tratamientos especializados.
En materia educativa, el Frente Amplio consideró que el Gobierno presenta incrementos en matrícula y programas como sinónimo de transformación profunda, cuando aún persisten problemas estructurales que impiden superar el atraso del sistema educativo.
María Teresa Cabrera aseveró que la educación no puede evaluarse únicamente por estadísticas de cobertura o distribución de equipos tecnológicos. “El verdadero indicador es la calidad del aprendizaje, la medida en que se propicia o no formación integral y las condiciones reales en que estudian nuestros niños y jóvenes. Todavía hay comunidades donde la falta de aulas, el deterioro físico de los planteles y la oferta curricular limitan el derecho a una educación digna”.
Corrupción e impunidad
Sobre el aspecto de corrupción y la impunidad señaló que el Poder Judicial, diseñado por el sistema político dominante para garantizar impunidad, continúa mostrando signos de infuncionalidad estructural y el Gobierno, pese a la mayoría que ostenta su partido en el Congreso, no ha propiciado reformas institucionales profundas para superarlo.
“No todas las decenas de denuncias de casos de corrupción han contado con iniciativas de persecución y traducción a la justicia” indicó Cabrera.
En el plano económico, la organización criticó que las llamadas conquistas macroeconómicas confirman la continuidad de un modelo antinacional, similar al aplicado por gobiernos anteriores, orientado al servicio del capital financiero internacional y de la oligarquía local. A juicio del FA, dicho modelo genera principalmente empleos precarios en sectores como turismo y zonas francas, sin transformar estructuralmente las condiciones de vida de la mayoría.
Respecto a los anuncios de inversión en el sector eléctrico el Frente Amplio consideró que, desde su privatización el sistema eléctrico, ha constituido un verdadero despojo para el Estado y el pueblo dominicano.
“El sistema eléctrico sigue siendo un espacio donde se socializan pérdidas y se privatizan ganancias, afectando directamente a los usuarios con tarifas elevadas y servicio inestable”, esa lógica debe transformada afirmó la organización política.
Finalmente, sobre el anuncio de la entrada del país a la economía espacial global, el frente Amplio advirtió que deben publicarse de manera íntegra los términos de negociación por tratarse de un tema vinculado a la soberanía nacional por cual el pueblo tiene derecho a conocer las condiciones en que se pretende desarrollar ese proyecto y a evitar que se repitan precedentes de entrega del patrimonio nacional a intereses particulares o aventureros caza fortuna.
]]>La actividad se realizará el domingo 11 de enero de 2026, a las 10:00 de la mañana, en la Plaza Bolívar, como una expresión solidaria frente a las agresiones y amenazas que vulneran la autodeterminación de los pueblos y los principios fundamentales de la convivencia pacífica entre las naciones.
El Frente Amplio y Alianza País reiteraron que ningún Estado tiene derecho a imponer su voluntad política, económica o militar sobre otro, y advirtió que las acciones unilaterales y el uso de la fuerza constituyen una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas y de los mecanismos multilaterales diseñados para la solución pacífica de los conflictos.
“La defensa de la soberanía de Venezuela es también la defensa del derecho de todos los pueblos a decidir su destino sin injerencias externas. Convocamos al pueblo dominicano a levantar su voz en favor de la paz, la autodeterminación y el respeto al derecho internacional”, expresó María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio.
El FA aseveró que la solidaridad internacional, el diálogo y la diplomacia deben prevalecer como únicas vías legítimas para resolver las diferencias entre los Estados, y exhortó a la ciudadanía a sumarse activamente a esta jornada de defensa de la soberanía y del derecho internacional.
]]>El Frente Amplio expresó su profunda preocupación porque, pese al tiempo transcurrido desde que se destapó el escándalo, no existe hasta el momento una sola acción judicial, mientras continúan aplicándose medidas que restringen el acceso de los afiliados a los servicios, aun cuando la institución recibe más recursos por el aumento de la cápita y otros ajustes financieros.
“Lo que vemos en SeNaSa es la expresión de una lógica depredadora que despoja a la población de recursos que deben garantizar derechos fundamentales, para terminar en manos de mafias enquistadas en el Estado y vinculadas a intereses empresariales”, afirmó el FA.
Entre los mecanismos fraudulentos que gravitan sobre la denuncia se encuentran: Traspaso de fondos públicos al sector privado a través de los “puntos médicos”, pasando de pagar RD$20 a centros públicos a pagar RD$130 al sector privado, generando pagos mensuales que habrían oscilado entre RD$65 y RD$104 millones, pago de más de RD$4 mil millones por entrega de medicamentos a un proveedor no habilitado para esa función, un programa de nutrición para adultos mayores con una ejecución entre RD$4 y RD$6 mil millones sin que se conozca la lista real de beneficiarios.
Además, desvío de fondos de los afiliados mediante contabilidad paralela, informes manipulados y sobornos para agilizar pagos a prestadores y duplicidad de facturas y facturación irregular, en su mayoría proveniente de prestadores privados.
“Estamos ante un modelo que convierte el Estado en una finca privada de elites políticas y económicas que saquean lo que pertenece al pueblo”, puntualizó.
La organización política también denunció, que varios de los funcionarios implicados no sólo no han sido procesados, sino que han sido reubicados en otros cargos, incluso fuera del país, lo que refuerza la idea de una protección política que impide el avance de la justicia.
“El pueblo dominicano está atrapado entre dos poderes que frenan su desarrollo: una élite política que utiliza los bienes públicos para financiar campañas y sostener estilos de vida de lujo, y una élite económica sobre todo financiera que se beneficia del presupuesto sin aportar proporcionalmente al país”, señaló el FA.
Finalmente, el Frente Amplio convocó a la población, a las organizaciones comunitarias, sociales y progresistas a organizarse y movilizarse para exigir el fin de estas prácticas de saqueo y para conquistar un gobierno comprometido con la transparencia, la justicia y el bienestar del pueblo dominicana.
]]>El Frente Amplio calificó la medida como una nueva claudicación del Gobierno ante los intereses militares de Estados Unidos, advirtiendo que esta autorización viola principios esenciales del orden jurídico constitucional, abre brechas peligrosas en materia de soberanía nacional y expone al país a ser utilizado como plataforma en conflictos ajenos, particularmente en el contexto de la creciente confrontación de Washington con Venezuela.
La organización recordó que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/0315/15, estableció claramente que acuerdos que otorgan facilidades extraordinarias, inmunidades, privilegios o presencia militar extranjera sin límites claros y sin supervisión efectiva dominicana son inconstitucionales y socavan la soberanía nacional. En dicha decisión, el Tribunal advirtió que permitir la presencia de fuerzas militares de otro país en el territorio dominicano por tiempo indeterminado, o sin control jurisdiccional dominicano, constituye un riesgo directo a la independencia y a la integridad del Estado.
María Teresa Cabrera señaló que, aunque el Gobierno intente presentar este permiso como “limitado y temporal”, constituye un precedente gravísimo.
“No se puede legitimar la entrada de fuerzas militares extranjeras al territorio nacional bajo pretextos ambiguos. Cada vez que la República Dominicana cede territorio, instalaciones, espacio aéreo o facilidades militares, renuncia a una parte de su capacidad soberana. Y ese es un camino sin retorno”, afirmó.
RD no puede involucrarse en conflictos de potencias
La organización política, advirtió que permitir bases logísticas de Estados Unidos en aeropuertos dominicanos, precisamente en un momento de tensión creciente con Venezuela y con declaraciones recientes de altos funcionarios estadounidenses, coloca al país en una posición geopolítica sumamente delicada.
“República Dominicana no puede ser usada como trampolín para operaciones militares, encubiertas o abiertas, contra ningún país de la región. Menos aún contra un Estado con el cual compartimos vínculos históricos, comerciales, migratorios y diplomáticos. El principio de no intervención es pilar de la política exterior dominicana y está claramente establecido en el artículo 3 de la Constitución”, enfatizó el Frente Amplio.
María Teresa Cabrera reiteró que la lucha contra el narcotráfico no debe utilizarse como excusa, para ponerse al servicio de la agresión a un pueblo hermano.
“La experiencia histórica demuestra que cada vez que se abre una puerta a la injerencia militar de una potencia extranjera, esa puerta nunca vuelve a cerrarse del todo. La defensa de la soberanía no es un gesto nacionalista vacío: es una condición para garantizar los derechos, la paz y la autodeterminación del pueblo dominicano”, afirmó Cabrera.
Finalmente, el partido político demandó al presidente Luis Abinader: revocar de inmediato la autorización otorgada a Estados Unidos, someter cualquier acuerdo o presencia militar extranjera a los controles constitucionales, incluida la autorización del Senado, como establece el artículo 80 de la constitución dominicana y garantizar que RD no sea parte, directa ni indirecta, de operaciones militares contra ningún Estado soberano de la región.
]]>El Frente Amplio sostiene que, pese a contar con mayoría congresual, el partido oficial no ha promovido transformaciones de fondo que cierren las vías por donde —afirman— el narcotráfico y capitales ilícitos penetran a las estructuras políticas.
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En el documento, la presidenta del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, señaló que el discurso anticorrupción del Gobierno “se queda corto” cuando no se acompaña de reformas que impidan que recursos de origen dudoso financien campañas o faciliten el ascenso de dirigentes vinculados a actividades ilícitas.
“Está muy bien no proteger a los apresados por acciones ligadas al narco, pero lo verdaderamente valiente sería impedir que el dinero sucio siga cruzando las puertas de los partidos y alcance posiciones de representación ciudadana, como estamos presenciando en el partido oficial en este momento”, afirmó Cabrera.
Agregó que el PRM ha tenido la capacidad legislativa para impulsar estas medidas, pero “no lo ha hecho”.
La organización advirtió que mientras los partidos continúen aceptando candidatos con fortunas injustificadas y no exista un régimen electoral con topes de campaña razonables y mecanismos estrictos para verificar el origen de los fondos, “no hay autoridad moral para hablar de cambio”.
Según Cabrera, la falta de controles mantiene un sistema vulnerable, con brechas que permiten la entrada del crimen organizado
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