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El primero de los informes corresponde a la auditoría realizada a las informaciones financieras contenidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, en el período comprendido entre el 1.º de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.
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El segundo informe aprobado recoge los resultados de la auditoría practicada a las informaciones financieras contenidas en la ejecución presupuestaria del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), correspondiente al período del 1.º de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017.
El tercer informe consiste en una auditoría financiera realizada al presupuesto del Ministerio de Interior y Policía (MIP), por el período comprendido entre el 1.º de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.
Cada auditoría incluye su respectivo informe legal y carta a la gerencia, conforme a las normas y procedimientos establecidos.
Estos procesos de control fueron elaborados en estricta observancia y garantía de los derechos de los auditados, y en cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana y de la Ley núm. 18-24, que regula el funcionamiento de la Cámara de Cuentas.
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“Cada autobús tenía 65 turistas rumbo a sus hoteles; si se lo llevaban, dejaban 130 personas varadas. Eso no es fiscalización, eso es un atropello”, dijo Tomacito Reyes.
PUNTA CANA, RD – Punta Cana Post contactó a Tomacito Reyes, secretario general de SICHOTRATURE, para aclarar qué había ocurrido en video donde se ve agentes de Intrant fiscalizando transporte turístico.
Dos autobuses recién importados, valorados en más de 20 millones cada uno, fueron detenidos por agentes del Intrant en pleno parqueo en Bayahibe mientras esperaban a 130 turistas que regresaban de Isla Saona. Según Tomasito Reyes, el operativo no solo fue desproporcionado, sino sospechoso, explica que hay otras formas de fiscalizar sin hacer un daño mayor. 
El dirigente denunció que detrás del operativo podrían operar intereses empresariales que buscan arrebatar rutas disfrazadas de “cuentas”. “Aquí hay gente que usa la fiscalización para hacer maldad, quitar clientes y quedarse con contratos ajenos”, advirtió.
Alertó que incluso “Solicitaron el apoyo de Politur para evitar que los clientes abordaran el autobús”, lo que habría provocado un caos mayor.
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]]>El anuncio fue realizado durante la 46.ª sesión ordinaria de la Mesa, encabezada por el Pleno de la CCRD en el salón Pedro Miguel Caratini.
La presidenta del órgano, Emma Polanco Melo, afirmó que la Ley 18-24 “transformó la Cámara de Cuentas y fortaleció el sistema de fiscalización del Estado”. Destacó además que la Mesa de Control adquiere un rol clave para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos públicos.
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El miembro del Pleno Francisco Franco explicó que la Mesa servirá para socializar decisiones normativas y correctivas, apoyadas en un nuevo sistema de alertas sobre la ejecución presupuestaria. A su vez, Griselda Gómez Santana llamó a las instituciones participantes a cumplir con los planes de acción derivados de las auditorías y las normas sobre cierre presupuestario.
Mientras, Ramón Méndez Acosta enfatizó la corresponsabilidad ética que deben asumir todos los funcionarios públicos.
El Pleno valoró la participación interinstitucional y destacó que este relanzamiento fortalece la transparencia y el control del gasto público.
Entre las instituciones que se suman a la Mesa de Control y Fiscalización figuran el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, la Superintendencia de Bancos, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Tesorería de la Seguridad Social, la Unidad de Análisis Financiero, el Consejo Económico y Social y FINJUS.
La Mesa es el mecanismo técnico-operativo encargado de coordinar y supervisar los procesos de control externo establecidos en la Ley 18-24.
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Por: Genesis Lara
“No basta con exigir cascos certificados si no explican cómo, dónde y a qué precio conseguirlos.”
SANTO DOMINGO. RD –Las recientes disposiciones del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) que obligan a motoristas y pasajeros a usar cascos homologados han generado un fuerte rechazo y muchas dudas en el gremio de motoconchistas.
Aunque la medida responde a la Ley 63-17 y busca reducir accidentes y muertes, los conductores alegan falta de información, diálogo y garantías para cumplir adecuadamente la norma.

Muchos motoconchistas, rechazan la aplicación sin un proceso de socialización previo, y denuncian que las autoridades no dan detalles sobre la calidad, el origen ni el costo de los cascos. Cuestionan además la fiscalización desigual, pues señalan que policías y agentes de tránsito incumplen la norma. También critican la obligación del casco para pasajeros, alegando problemas de higiene y seguridad.
Sin embargo, hay quienes apoyan la iniciativa, que insiste en la necesidad de proteger vidas. El INTRANT, por su parte, reafirma su compromiso con la estandarización de cascos certificados según normas internacionales (DOT, ECE, Snell). El debate continúa, pero la demanda de los motoristas es clara: transparencia, diálogo y condiciones justas para que la medida sea efectiva y justa.
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