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El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, señaló que el reglamento es una herramienta clave para garantizar la transparencia, eficiencia y sostenibilidad en los procesos de compras públicas. Destacó que, desde la promulgación de la Ley en julio, se han realizado avances importantes, como la adecuación del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), la elaboración de fichas técnicas estandarizadas de bienes y servicios comunes, y los ajustes finales para la implementación de la plataforma Eficompras, cuyo piloto iniciará próximamente para agilizar las compras por debajo del umbral.
Pimentel indicó que además del reglamento general, se han desarrollado otros reglamentos específicos, incluyendo los del SECP, Registro de Proveedores del Estado y resolución de controversias, todos orientados a establecer nuevas reglas de contratación y fortalecer la transparencia.
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La DGCP invita a emitir comentarios, observaciones y sugerencias a través del formulario disponible en el portal institucional o depositando la documentación física en la sede de la institución, en un plazo de 10 días hábiles a partir de este jueves. Posteriormente, el reglamento será remitido a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para los fines correspondientes.
La consulta pública se realiza en cumplimiento de la Ley 107-13, sobre derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y procedimiento administrativo, y de la Ley 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública.
En la rueda de prensa participaron también Mercedes Eusebio, directora de Políticas, Normas y Procedimientos; Raquel Miranda, consultora jurídica; Juan Figueroa, director de Fomento y Desarrollo del Mercado Público; y Katherine Gutiérrez, directora de Investigaciones y Reclamos.
]]>Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este jueves la suspensión de oficio de 20 Registros de Proveedores del Estado (RPE) de personas jurídicas y consorcios vinculados a una estructura de proveedores que habría manipulado procesos de contrataciones con el Estado mediante prácticas fraudulentas.
Según la resolución núm. DGCP44-2025-004600 las razones sociales, cuyos registros fueron suspendidos, son: Comerdon, SRL; Inversiones Qtek SRL; Condelca, SRL; Tingley Business, SRL; Mediterráneo Investments Group, SRL y Kury Limited.
También la Importadora Coav, SRL; Empresas Integradas, SAS; Flexiplas, SRL; Inversiones Nogal Verde, SRL; Agro Avícola Benevento, SRL; Grupo Empresarial Barnichta, SRL; Inversiones Yang, SRL; Topicverse, SRL y Roment, SRL.
De igual manera, el Consorcio Empresas Integradas & Concreto Pretensado; Empresas Integradas & Constructora Yeara; Empresas Integradas & Farmasino; Empresas Integradas & Tankasa y el Consorcio Importadora Integrada (Importadora Coav).
La DGCP informó que en la medida en que continúen las investigaciones es probable que se sumen a la lista de inhabilitados otras personas naturales o jurídicas vinculadas al mismo proceso.
Explicó que esta decisión surge a raíz de la investigación administrativa realizada por la Dirección General de Contrataciones Públicas y la investigación penal que se encuentra en curso de parte del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República contra dichas razones sociales y consorcios por presuntos delitos como estafa contra el Estado, soborno, colusión, lavado de activos, falsificación de documentos, asociación de malhechores, entre otros delitos que afectan directamente el patrimonio público y los procedimientos de contratación pública.
Mediante una nota de prensa, la DGCP precisó que esta decisión no constituye una sanción, sino una medida cautelar preventiva necesaria para proteger el interés público, la competencia y la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) mientras se desarrolla la investigación penal correspondiente.
La institución subrayó que constituye un «riesgo grave e inminente» para la integridad del sistema cuando existen indicios razonables de que una o varias empresas han incurrido de manera organizada en actos de colusión y otros delitos vinculados a contratación pública, ya que esto afecta la libre competencia, la transparencia, el uso eficiente de los recursos públicos y la igualdad entre oferentes.
“El solo hecho de mantener la habilitación operativa de las empresas investigadas implica un riesgo real de que los presuntos oferentes infractores incurran en reiteración, obstrucción o afectación del proceso, situación que justifica la adopción de la medida cautelar”, destaca el acto administrativo disponible en el portal institucional DGCP44-2025-004600
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