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El informe -realizado por el Comité Sueco para Birmania, Justicia para Birmania y Fair Finance Guide- apunta especialmente al AP7, uno de los siete fondos que gestionan el capital de reserva del sistema público de pensiones y en el que tienen el dinero de su jubilación unos 6 millones de suecos.
El AP7 ha invertido, por ejemplo, 2.700 millones (245 millones de euros), entre otras, en las empresas indias Bharat Electronics e Hindustan Aeronautics, que venden armas y otro material de guerra a la junta, que controla el país desde hace un lustro y que ha sido acusada de numerosas violaciones de los derechos humanos.
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«Los birmanos viven en el terror, son aterrorizados a diario por la junta militar. Los fondos de pensiones deben usar su influencia y controlar que las empresas en las que invierten no violen los derechos, si no deben vender sus acciones», señaló en el informe Yadanar Maung, portavoz de Justicia para Birmania.
Un responsable de los fondos AP señaló a la emisora pública Radio de Suecia que las empresas en cuestión serán analizadas para determinar si es necesario deshacerse de sus acciones.
]]>Los padres del menor, Plinio Rafael Taveras Pimentel y Ana Carina Abreu, afirmaron que su hijo está fuera de las aulas desde el pasado jueves debido a que la institución lo habría excluido por un supuesto comportamiento indisciplinado.
Aseguraron que, contrario a lo que argumenta el centro, el adolescente “es un joven meritorio” que ha estudiado toda su vida en ese politécnico católico, cuyo lema es “Educando desde la caridad redentora para la fraternidad”.
Los denunciantes señalaron que el centro educativo estaría violando la sentencia judicial emitida mediante una acción de amparo, que dispone la inmediata reincorporación del estudiante y establece el pago de una astreinte si la institución incumple con la orden.
Asimismo, advirtieron que el politécnico estaría desconociendo el reglamento 48-49, que prohíbe expulsar estudiantes o negarles la reinscripción, además del derecho constitucional a la educación y el principio del interés superior del niño consagrado en la Ley 136-03.
Taveras Pimentel y Abreu pidieron la intervención del ministro de Educación, Miguel de Camps, al denunciar que se trata de “un abuso y un acto de discriminación” contra su hijo y su familia. Cuestionaron que, bajo una decisión “administrativa y sin fundamento”, una institución privada con convenio estatal pueda excluir a un estudiante sin la mediación correspondiente.
También criticaron la actuación de la regional de Mao del Conani, que según afirmaron, “ha sido débil” en la ejecución de la sentencia al no garantizar la continuidad educativa del menor.
“La dirección del Politécnico San José ha expulsado a nuestro hijo por una supuesta indisciplina, pero esa no es una razón para negarle el pan de la enseñanza. Nos pidieron llevarlo a otro centro, pero él ha estudiado aquí toda su vida”, expresaron con preocupación.
Por su parte, la directora del Distrito Escolar 13-01, Alicia Paniagua, manifestó que tiene “las manos atadas” porque el caso está en manos del Departamento de Convenios de Cogestión del Minerd, dirigido por Roque Acosta, quien —según los padres— habría avalado la medida del politécnico sin agotar el proceso mediante una comisión como establecen los protocolos de mediación.
Hasta el momento, la dirección del Instituto Politécnico San José no ha ofrecido explicaciones sobre la denuncia y se ha limitado a señalar que será el Ministerio de Educación quien deberá decidir sobre el caso.
]]>Según explicó, adquirió un Honda Civic EXL, color gris, año 2008, por un monto de RD$410,000, el 6 de julio de 2024, a una familia que le entregó toda la documentación correspondiente. Indicó que se trataba de un vehículo heredado, ya que el titular de la matrícula había fallecido.
Sin embargo, Mora asegura que el individuo a quien identifica como David Hernández falsificó documentos para alegar que el titular fallecido le había vendido el vehículo en 2024, dos años después de su muerte en 2022. Con esos documentos, según afirma, Hernández presentó una solicitud de financiamiento ante la financiera Intercapital, lo que calificó como un proceso irregular.
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“Vehículo que yo no debo; la financiera Intercapital y el estafador David Hernández financiaron mi vehículo con una documentación irregular, sin los requisitos necesarios”, expresó Mora.
El denunciante aseguró que ya entregó toda la documentación legítima a las autoridades y pidió a la magistrada Ana María Costa, quien opera en la jurisdicción de Invivienda, Santo Domingo Este, que revise el expediente, valide los documentos y ordene la incautación del vehículo para mantenerlo bajo custodia mientras se investiga el caso.
Mora solicita que el proceso avance para establecer responsabilidades y evitar que otras personas resulten afectadas por este tipo de maniobras fraudulentas. Además, señala que el supuesto estafador estuvo preso y que actualmente no se sabe nada de su paradero, por lo que también piden una orden de arresto.
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