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Batista explicó que la comisión concluyó la semana pasada la revisión del informe remitido por la subcomisión, proceso que se extendió hasta el jueves en horas de la noche.
Detalló que el informe fue aprobado tanto por la subcomisión como por el pleno de la Comisión de Justicia, y posteriormente enviado a la Cámara de Diputados para su conocimiento final.
El legislador destacó que, aunque el proyecto del Código Procesal Penal contiene más de 400 artículos —una extensión similar al Código Penal—, solo alrededor del 25% fue objeto de modificación, por lo que estima que la lectura y aprobación tomará entre dos y tres horas.
Batista expresó confianza en que la iniciativa obtendrá el voto favorable del pleno este mismo martes.
El presidente de la Comisión de Justicia también confirmó que fue eliminado del artículo 11 el término “orientación sexual”, a pesar de las críticas de algunos grupos conservadores.
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“A mí me molestan particularmente las posiciones de los grupos fanáticos. Más que conservadores, son fanáticos de ciertos conceptos que entran en un estado de locura y terminan criticando cosas que son inocuas, que no hacen daño a nadie”, expresó.
Aclaró que la eliminación no respondió a presiones, sino a la consideración de que ese tipo de referencias no son necesarias en el Código. “Así como no hay que hablar de la estatura de la persona, tampoco hay que hablar de su preferencia sexual”, puntualizó.
]]>El encuentro, encabezado por la Comisión Permanente de Justicia, reúne a figuras clave de cada estamento estatal. Por el Poder Legislativo asisten los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente. En representación del sistema judicial intervienen la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, así como delegados de la Defensoría Pública.
El Poder Ejecutivo, por su parte, participa a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.
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Durante la sesión, los presentes evalúan las posibles vías legales que permitan a los diputados aprobar una versión definitiva de la normativa que regula los procesos penales. El objetivo es impedir que, ante la falta de una adecuación oportuna, el país quede expuesto a un vacío jurídico que comprometa la seguridad procesal y provoque un retroceso institucional.
]]>El vicepresidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados que fue apoderada de la pieza, Mayobanex Martínez, informó que la normativa enviada desde el Senado exige una revisión minuciosa, por lo que el Congreso se verá obligado a gestionar una extensión del plazo, el cual vence la medianoche del jueves 11 de diciembre.
Según explicó Martínez, la solicitud de prórroga constituiría una figura jurídica que les permita disponer de más tiempo para realizar un estudio riguroso y completo de la reforma.
Esta solicitud no tiene precedentes. Juristas coinciden en expresar que el año de gracia otorgado por el Tribunal Constitucional para evitar un vacío normativo fue una medida excepcional y de carácter único, aplicada solo para permitir que el Congreso corrigiera los vicios detectados.
Los especialistas explican que dicho plazo no funciona como un término administrativo sujeto a negociación o modificación, sino como un mandato de estricto cumplimiento emanado de una decisión constitucional. Por lo tanto, no admite flexibilización, interpretación ampliada ni prórroga.
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Destacan, asimismo, que la Constitución dominicana ni la Ley 137-11, que regula los procedimientos del Tribunal Constitucional, contemplan alguna herramienta jurídica que permita al Congreso solicitar una extensión del tiempo concedido.

Al ser consultado, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus), Servio Tulio Castaños, dijo que podría ser una salida restablecer la modificación al Código Procesal Penal del 2015, con las consideraciones planteadas por el Tribunal Constitucional, como ha sugerido el presidente de la comisión de Justicia, Wandy Batista.
Dado el plazo hasta el 11 de diciembre para aprobar un nuevo código, Castaños valoró que la Cámara de Diputados evalúe alternativas para no acogerse solo a la pieza aprobada por el Senado.
Se recuerda que, en caso de no cumplirse el plazo establecido, volvería a entrar en vigor el Código Procesal Penal aprobado en 2002 y que no responde a la realidad jurídica actual de la República Dominicana.
]]>Dado el plazo hasta el 11 de diciembre para aprobar un nuevo código, Castaños valoró que la Cámara de Diputados evalúe alternativas para no acogerse solo a la pieza aprobada por el Senado.
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«Eso es una propuesta, aprobar lo que se aprobó en el 2015, es una salida al problema, pero fíjate tú la prudencia que ha querido tener la Cámara de Diputados que frente a una situación porque el plazo se está venciendo, ellos han preferido evaluar una posibilidad y no aprobar lo que el Senado aprobó como texto, es una posición prudente», expresó Castaños.
El jurista ha reiterado que el Senado de la República aprobó un Código Procesal Penal «excluyente» y espera los diputados corrijan aspectos inconstitucionales del documento.
Se recuerda que en caso de no cumplirse el plazo establecido, volvería a entrar en vigor el Código Procesal Penal aprobado en 2002 y que no responde a la realidad jurídica actual de la República Dominicana.
Según, Batista el texto de la ley del 2015 sigue siendo válido salvo por los artículos que los tribunales han declarado inconstitucionales mediante el control difuso.
Finjus ha depositado en la Cámara Baja sus observaciones a la pieza del Senado entre las que se encuentran el artículo 377 sobre los plazos procesales y la duración de la prisión preventiva, y el 303 sobre el objeto de la audiencia preliminar.
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