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A pesar de la existencia de un marco legal claro, la denuncia de Jonatan Familia se centró en la inacción, y presunta complicidad, de los organismos de seguridad. El municipalista aseveró que «los policías son los que ofrecen guardia y custodia para esa carrera», calificando de «abuso» el hecho de permitir que un grupo ponga en riesgo la «vida, la paz y la tranquilidad» de la ciudadanía a causa de un «grupo de sinvergüenza de policía que cogen su cuarto».
Familia describió estas competencias de velocidad como «odiosas, peligrosas y arriesgadas» y enfatizó que aunque estas actividades son todas clandestinas, son ampliamente conocidas.
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La principal preocupación planteada por el comunicador es el peligro que estas carreras representan para la seguridad pública. Familia argumentó que los motoristas en carrera ponen en riesgo no solo su propia vida, sino también la vida de su familia, la de otros conductores y la de los individuos que transitan buscando el sustento para sus hogares.
Familia recordó a las autoridades que la ley vigente prohíbe estas prácticas. Específicamente, mencionó que la Ley 63-17, en su artículo 267, establece que queda prohibido a los conductores de vehículos «efectuar competencias de velocidad en las vías públicas».