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«Mi propuesta, aunque suene utópica, es que el Consejo Nacional de Drogas se le quiten tantas ramificaciones que tiene de auxilio y sean dos mini direcciones, o dos direcciones. La prevención es intervenir al enfermo, intervenir al vicioso, al consumidor. La construcción de espacios para la retención de esas personas adictas a las drogas, no puede postergarse más», sugirió.
El panelista del espacio radial matutino reiteró que: «Sé de familia que la está pasando muy difícil, que tiene gente metidas en el consumo de estupefaciente y no encuentra qué hacer, y están expuestas al peligro. Esta gente no puede estar en la sociedad como uno más, haciendo daño. Espacios para intervenirlo, pabellones en la cárcel, ahora que estamos hablando de nuevos modelos, de nueva penitenciaría».
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García enfatiza que esta situación se ha convertido en un problema sanitario y social que debe ser intervenido ya. Argumenta que el adicto a ese nivel «no es gente, no puede pensar, no puede tomar decisiones», y que el Estado está fallando al no ofrecer soluciones ni respuestas a las familias expuestas al peligro.
García ha presentado múltiples casos recientes donde adictos han atentado contra sus padres y otros parientes, a veces logrando quitarles la vida. Mencionó el caso de un adicto que incendió la casa de su madre en Azua, otro que atacó con machetes en San Francisco de Macorís, y el «más macabro» que logró quitarle la vida a su progenitora y a un hermano en Villa Mella. El caso más reciente que expuso es el de un hombre en Cristo Rey que mató a su primo mientras intentaba asesinar a sus padres, supuestamente en un arranque de paranoia y delirio de persecución por haber suspendido su tratamiento en Hogares Crea.
El periodista denunció la omisión estatal, señalando que la capital y los barrios están «llenos de droga» y que el consumo se ha normalizado peligrosamente. Ante esta realidad, García hizo una propuesta clara:
Es «necesario que se haga un centro o varios centros para la recepción de estos adictos». Estos individuos son «enfermos» y se convierten en un peligro para su familia y su entorno. García lamenta que no exista «un solo centro estatal donde se pueda recibir a las personas adictas a las drogas».
Además de la creación de centros, García sugirió que el Consejo Nacional de Drogas (CND), cuya misión principal es regir las políticas para reducir el consumo, debería enfocar sus dos principales direcciones en la prevención e intervenir al enfermo. La construcción de espacios para la retención de estas personas adictas no puede postergarse más.
Se reconoció que instituciones privadas como Hogares Crea (sin fines de lucro y sostenida por donaciones y familiares) no resisten la cantidad de adictos, y además, requieren que el paciente se presente voluntariamente para ingresar, dejando sin opciones a las familias de aquellos que no quieren ser rehabilitados.

García destacó que los casos recientes comparten características comunes: los agresores son hijos que han estado presos (expresidiarios), que consumen sustancias ilícitas (estupefacientes) y alcohol. A pesar del peligro, las madres, impulsadas por un «amor desmedido» e «inagotable», intentan cuidarlos y albergarlos en sus casas con la intención de que se reinserten socialmente, poniendo en peligro sus propias vidas y la de sus otros hijos.
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El periodista recapituló varios incidentes que ilustran la gravedad de esta tendencia con adictos a sustancias prohibidas:
• Doble asesinato en Villa Mella: Se refirió al caso de Daniel Moisés Rodríguez, un hombre de 30 años que salió de la cárcel tras cumplir una condena de 10 años por violación sexual. Aunque entró a prisión sin consumir estupefacientes, salió siendo un «drogadicto». Su madre, Anatalia Rodríguez (cristiana evangélica), lo llevó a su casa buscando su reinserción. Ante las constantes discusiones por dinero para mantener sus vicios, el sábado 15 de noviembre, Moisés asesinó a su madre y a su hermano, Pedro Cordero, mientras dormían, usando «varillas afiladas».
• Intento de matricidio en Azua: El caso más reciente involucra a Pochi de la Cruz, quien incendió la casa de su madre, Miguelina de la Cruz, a las 2 de la mañana, con la intención de quitarle la vida a ella y a su hermana. La madre narró cómo ha luchado con su hijo, quien es un expresidiario por robo, desde que tenía 13 años. «Él roba a su madre y a su hermana para sus vicios».
• Agresión en San Francisco de Macorís: Previamente, se reportó un caso de un hombre que atacó a su madre a machetazos, quien salvó la vida milagrosamente. La madre, posteriormente, buscó dinero para liberarlo, y ahora él la está amenazando de muerte.
Hansel García enfatizó que, si bien el «amor incondicional de las madres» a veces las ciega, el problema central radica en la falta de soporte gubernamental y social.
La denuncia se centró en la desesperante situación de las familias, especialmente las madres, que se encuentran sin apoyo estructural ante hijos con adicciones y antecedentes penales.
La comunicadora Gabi Desangles expuso una deficiencia crítica: «Tampoco hay un lugar donde una familia de quizás escasos recursos llevar o recurrir por ayuda cuando tiene un hijo con una adicción». La realidad es que los centros de tratamiento para adictos son «caros, carísimos» y «muy pocos». Esto deja a las madres mayores, con hijos que salen de la cárcel con adicciones, de «manos atadas».
García cerró con un llamado a la reflexión, instando a las madres a valorar su vida y la de sus otros hijos por encima del hijo que «no sirve» o el que está «retorcido»: «La situación resulta ser una pena, pues no hay recursos para la sanación, y la misma sociedad castiga a la madre que, buscando salvar su vida, decide rechazar al agresor. Lamentablemente, casi siempre es la madre quien termina sufriendo y pagando las consecuencias, a veces con su vida».
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